Los usuarios de telefonía móvil nos encontramos constantemente con serias dificultades al momento de ejercer nuestros derechos. No se pone en conocimiento a los usuarios que el plan de telefonía móvil es un contrato que posee cláusulas específicas, por ejemplo cuando se solicita cambiar de plan se encuentra con que la empresa le cobra una multa por no respetar la vigencia de dicho contrato. Otro de los inconvenientes se presenta ante los reclamos por la calidad del servicio sucede algo similar cuando los usuarios en el mejor de los casos consiguen descuentos que no logran resarcir el perjuicio que les ocasiona.
Esta situación generó la necesidad de plantearlo en la Cámara de Diputados, donde presentamos un proyecto de declaración instando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) a fines de que este difunda cuales serán los mecanismos para llevar a cabo la consulta abierta, obligatoria según el Decreto 1172/2003, frente a la propuesta de REGLAMENTO DE CLIENTES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES, que definirá, entre otros temas, los derechos, obligaciones de las empresas prestadoras, la rescisión de contratos, portabilidad numérica, cargos ocultos en los planes vigentes, como así también reclamos por la calidad del servicio.
A través de la resolución 6 de este año, el ENACOM aprobó un reglamento para la participación popular, sin realizar ninguna acción publicitaria que garantice un conocimiento de los usuarios, condición previa para cualquier participación activa de los 40 millones de clientes.
Tal es la voluntad política de no difundir la consulta, que en la propia página web del ENACOM, no cuenta con un acceso directo que informe la existencia de la misma ni tampoco la fecha de su finalización a la consulta que se llevará a cabo.
La Comisión Nacional de Comunicaciones que era el organismo independiente donde los usuarios se dirigían a efectuar sus reclamos, quedó dentro del ENACOM, que al no difundir las consultas toma parte en favor de las empresas, faltando a la responsabilidad institucional.
La consulta abierta es donde los usuarios pueden reclamar y modificar estos mecanismos. Este tipo de acciones lejos de fomentar la participación y transparentar la gestión no hace más que plantear serias dudas. No es legítimo el accionar de los organismos que no realicen esfuerzos, en pos defender a los usuarios incumpliendo sus funciones primarias.
Agencia MTR