El caso de la Ciudad de Buenos Aires y la readecuación por decisión del Poder ejecutivo de lo que recibe en materia de coparticipación federal (pasó del 1,4% establecido en un decreto de 2003 al 3,75 por ciento) reflota un debate pendiente en el país, que tiene que ver con el cómo se reparten los fondos desde la nación hacia las provincias.
A modo de aclaración, es importante señalar que el porcentaje de coparticipación de CABA ahora duplicado no sale de la torta provincial sino que se detrae de la torta nacional. Es decir que no se le sacarán fondos a otras provincias, sino que la Nación resigna parte del 42% de los fondos coparticipables que le corresponden. Actualmente, del 100% de los recursos nacionales el 30% va a las provincias y el 28% a la ANSES para sostener el sistema previsional.
Esta situación de plantear un nuevo esquema fiscal no implica favorecer a los distritos “poderosos” (Capital Federal y Provincia de Buenos Aires) en detrimento del resto de las provincias del interior profundo de nuestro país. Significa, por sobre todas las cosas, empezar a torcer la lógica que se vio profundizada durante los doce años de gobierno kirchneristas, donde el estado nacional centralizó los recursos y repartió discrecionalmente a aquellos distritos que le eran más afines políticamente o que mejor se portaran en un determinado momento.
El caso de nuestra provincia, Buenos Aires, concentra la mayor porción de desafíos sociales. Es la que concentra más población, pero también la que menos dinero tiene para gastar por habitante (4.656 pesos) y en términos per cápita es la segunda menos beneficiada del país, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( 2.611 pesos), de acuerdo con los datos de 2015. Tierra del Fuego (33.640 pesos), Catamarca (27.808 pesos) y Formosa (25.935 pesos), por otra parte, son las más beneficiadas.
En materia de recursos el principal reclamo por replantear para los bonaerenses es el famoso fondo del conurbano bonaerense, cuya subsistencia es el factor fundamental por el cual hoy la provincia de Buenos Aires recibe el 18,8% de todo lo que distribuye el gobierno nacional y no el 21,2% que es lo que efectivamente le corresponde por ley de coparticipación federal.
Por supuesto que con la creciente inflación, con el crecimiento de la recaudación de este impuesto, lo que quedó fijo para la provincia de Buenos Aires en concepto del fondo del conurbano fueron los 650 millones de pesos, que hacia el año 2000 no eran una suma menor, representaban el 67% del total del fondo del conurbano, pero que hoy representa apenas el 2% de lo que se distribuye.
Lo que hace que por supuesto todas las provincias, excepto Buenos Aires, reciban más que la provincia por la que se creó este fondo. Las pérdidas fueron fenomenales por la subsistencia del mismo. Estamos hablando de que solo en el año 2015 la pérdida fue de 8000 millones de pesos y que para los municipios de la provincia esa pérdida fue de 1000 millones de pesos.
Por estos motivos, la decisión política para discutir un nuevo esquema fiscal que impulse un mayor federalismo entre las provincias debe ser firme. Es imperioso ordenar el esquema fiscal federal, que lamentablemente se ha venido desordenando mucho en estos últimos 20 años.
Se debe empezar a darle orden, previsibilidad, y racionalidad al esquema de relaciones fiscales y financieras entre los distintos niveles de gobierno para zanjar diferencias que a esta altura de la historia son incompresibles para con los bonaerenses.
En tal sentido, se debería tener en cuenta la generación de riqueza, de ingresos, la población y las necesidades de gastos en servicios públicos. Además, debemos pensar que una coparticipación más justa reduciría la presión fiscal de provincias y municipios.
*Contador Público y Senadora Provincia FR-Vive en Junín