Frente a las inundaciones que tuvieron un fuerte impacto en 5 provincias del litoral de nuestro país y que provoco ya la evacuación de 20 mil personas, con grandes daños materiales y pérdidas de vidas humanas, debemos nuevamente retomar el debate intencionadamente olvidado por la dirigencia política, acerca de la necesidad de poner en marcha un plan nacional de recursos hídricos que se ocupe de prevenir este tipo de situaciones y al mismo tiempo de respuestas concretas frente a los desbordes climáticos y urgencias como las vividas en estos últimos días en nuestro país.
Entre otras cosas, debería terminarse el relevamiento de glaciares a cargo de las provincias, tal como lo establece la ley que los regula, ya que son en las altas cumbres donde se inician gran parte de los cursos de los ríos argentinos y una vez relevados protegerlos desde su nacimiento a su desembocaduras de los daños ambientales provocados, entre otras cosas, por la minería y otras actividades productivas como la industria, la pesca o la agricultura.
Además, debería ponerse en marcha definitivamente, la ley de protección de bosques nativos, a través del accionar conjunto entre las provincias y la nación, debiendo las primeras hacer el relevamiento de las zonas protegidas en cuyas áreas se prohíba todo tipo de actividad productiva y el relevamiento de las zonas que son aptas para la producción y el desmonte mientras que la Nación debe destinar los fondos necesarios para garantizar su protección a través de subsidios otorgados a los propietarios para evitar que desforesten zonas de alto valor ecológico.
Ello porque según lo han manifestado algunos expertos, las zonas inundadas actualmente coinciden causalmente con las zonas en donde la deforestación de bosques ha avanzado en forma significativa en los últimos años. Es decir, la desaparición de la floresta, trae aparejado este tipo de inundaciones porque el agua de las lluvias cuando cae a la tierra es absorbida por los árboles, quienes actúan como si fueran esponjas, pero cuando estos ya no están más aferrados a la tierra, el efecto es desbastador porque el agua por algún lado tiene que fluir y estos desbordes son típicas consecuencias de la deforestación y altas precipitaciones.
Otro asunto fundamental, tiene que ver con el saneamiento de las cuencas hídricas que han sido contaminadas por la radicación de industrias y el vertido de sus desechos a los cursos de agua, el impacto del uso de los agroquímicos en la agricultura y en la producción de frutas y hortalizas y el vertido sin tratamiento de los desechos residenciales cloacales. Entre las cuencas más afectadas, podemos mencionar la del Rio Sali Dulce, la del Matanza – Riachuelo y la del rio Reconquista, a lo que debemos sumar, numerosos lagos y arroyos de diferentes puntos del país afectados por este tipo de actividades humanas.
Y resulta fundamental la realización de las obras de infraestructura que permitan, por un lado, la contención de los cursos de agua superficiales a través de sistemas de canalización y almacenamiento del agua en periodos de crecidas y su administración racional en épocas de sequía tal como afirmaba Ameghino cientos de años atrás. Y otras obras, vinculadas, con el acceso al agua potable para el consumo humano y el servicio de cloacas son también fundamentales para garantizar otros derechos como el derecho a la vida o la salud de las personas.
Las aguas subterráneas merecen un capítulo aparte y deben ser una prioridad de todas las administraciones gubernamentales nacionales, provinciales o municipales, debiendo ser el Sistema Acuífero Guaraní, unos de los mas grandes reservorios de agua dulce del planeta que está bajo el territorio argentino, brasilero, paraguayo y uruguayo, una de las joyas de la madre naturaleza que debemos cuidar y preservar para las generaciones presentes y el futuras y sobre el cual debemos velar por su soberanía regional compartida entre los cuatro socios del MERCOSUR.
Por último, vamos a señalar lo que ya hemos dicho en otras oportunidades, a raíz de los desastres naturales provocados por las grandes crecidas de las aguas superficiales o las lluvias intensas que provocan desastres en los ámbitos urbanos o rurales, con consecuencias dramáticas como lo ocurrido un 2 de abril en la ciudad de La Plata, en relación a la puesta en marcha de planes para afrontar catástrofes naturales, los cuales entre otras cosas, deben estar orientados a desarrollar sistemas de monitoreo y generación de alertas satelitales para anticipar futuros hechos climáticos extremos y adoptar medidas preventivas, preparar como Centros de Evacuación ante eventuales emergencias climáticas a distintos espacios públicos (Escuelas, Clubes, Edificios Públicos, Cuarteles de las FFAA) y crear, apoyar, formar y financiar el desarrollo de cuerpos locales o barriales de voluntarios de Defensa Civil para actuar en las emergencias.
Estos y otros tantos desafíos que tenemos por delante, deben ser una prioridad de todos los gobiernos y fuerzas políticas con representación parlamentaria en todos sus niveles – Nacionales, provinciales o municipales – debiéndose comprometer a gestionar las cuencas hídricas a través de organismos interjurisdiccionales con la participación activa además de usuarios, organizaciones ambientales, institutos de investigación científica y universidades nacionales tal como ocurre con la ACUMAR en la cuenca Matanza Riachuelo.
En definitiva, un gran consenso nacional en torno a la gestión integral de las aguas debería ser una buena excusa para alcanzar la tan anhelada unidad nacional en clave de proyecto federal que contemple las realidades regionales de todas las provincias del país y que asegure la sostenibilidad de un recurso que es tan vital que resulta fundamental para la vida humana en el planeta.
*Abogado y docente de Derecho Ambiental de la UBA
Agencia MTR