En una entrevista, en ‘Despertate’ programa radical 4404 de Cadena Nueve y Máxima 89.9 el productor agropecuario, Ingeniero y abogado Santiago Gallo Llorente explicó los hechos sobre el conflicto legal que lo enfrenta con Claudia Beatriz Cochela y su hijo Franco Juan Silva, acusados de usurpar un predio perteneciente históricamente a la familia Gallo Llorente, ubicado en la exestación del ferrocarril provincial que lleva el mismo nombre.
Durante el diálogo, Gallo Llorente explicó detalladamente la historia del predio, desde sus orígenes en el año 1907, cuando su bisabuelo, don Galo Llorente —inmigrante español— donó parte de sus tierras para el trazado ferroviario en un gesto de impulso al desarrollo regional. La estación fue bautizada con su nombre en honor a su generosa acción.
Según relató, tras el cierre del ramal en 1961 —en el marco del Plan Larkin – avalado por el Banco Mundial, que ese año suprimió 4.000 km. de vías, ramales e instalaciones ferroviarias durante la presidencia de Arturo Frondizi— el predio fue licitado por el Ferrocarril Sarmiento en 1978. Los hermanos Gallo Llorente participaron y adquirieron legalmente el terreno, superando incluso la base de la licitación. En 1982, se realizó la mensura y posterior división del condominio familiar, quedando la fracción donde se encontraba la estación bajo titularidad de Santiago Gallo Llorente.
“Pagamos el terreno, lo ocupamos y lo pusimos a producir. Nunca fue tierra fiscal desde 1978”, aseguró.
Santiago también explicó que la familia Cochela-Silva ingresó al campo como empleados. Primero Horacio Cochela —padre de Claudia— como tractorista. Luego, el yerno Jorge Pedro Silva, y finalmente el hijo de ambos, Franco, quien trabajó con maquinaria propia como contratista y tractorista.
El conflicto se desató en 2021 cuando, tras la renuncia de Franco Silva, Santiago solicitó la devolución de la vivienda ocupada en carácter de empleado. Según explicó, ofreció a Claudia Cochela un comodato gratuito por tres años, que fue rechazado. A raíz de ello, inició una demanda por usurpación, que culminó en marzo de 2024 con una orden judicial de desalojo emitida por el Dr. Baraldo Victorica.
“Se intentó el diálogo. Incluso le ofrecí quedarse, pero con un contrato legal. No aceptaron. Tuvieron una actitud prepotente. Se mintió ante el Estado diciendo que eran residentes del predio, ocultando que eran empleados”, sostuvo.
Gallo Llorente detalló también que tuvo que esperar más de un año para recuperar el uso de su propiedad, cuidando y alimentando los bienes dejados en el predio. Este martes, finalmente se concretó el retiro de los elementos personales de la familia Cochella-Silva, bajo supervisión de la fiscalía y con inventario documentado.
A modo de cierre, el entrevistado agradeció el espacio y remarcó:
“Esta historia no solo es parte de mi vida, también representa el esfuerzo y el legado de mi familia. Defiendo nuestro honor y la legalidad con pruebas, documentos y total disposición a esclarecer cualquier duda. Todo lo que dije puede ser probado”.
Además, dejó abierta la posibilidad de iniciar acciones judiciales por calumnias y daños a su honor personal y familiar.
Agencia MTR