En línea con lo anticipado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Gobierno puso fin al esquema de crawling peg del 1% mensual, una estrategia que buscaba contener la inflación mediante el anclaje cambiario pero que se volvió insostenible en un contexto de escasez de divisas. El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) acelera este giro: el atraso cambiario acumulado entró en conflicto directo con los lineamientos del organismo internacional, lo que derivó en un salto en el nivel de precios.
El cambio de rumbo deja al descubierto varios frentes de vulnerabilidad. Por un lado, la cuenta corriente sigue siendo negativa, y su financiamiento vía cuenta financiera no puede sostenerse indefinidamente. A esto se suman presiones latentes sobre la demanda futura de dólares debido a stocks de ahorristas y dividendos empresariales contenidos por el cepo, que si bien se flexibiliza, no desaparece.
En paralelo, los vencimientos de deuda en pesos a corto plazo podrían incrementar la incertidumbre en el mercado cambiario, empujando al Gobierno a alargar plazos de vencimiento para evitar una crisis de liquidez. El acuerdo alcanzado con el FMI incluye una hoja de ruta de mediano plazo que contempla la necesidad de acumular reservas y recuperar el acceso a los mercados financieros hacia 2026, con el objetivo de encontrar un nuevo “puente” de dólares hasta 2030.
Sin embargo, el panorama de largo plazo sigue siendo delicado. Argentina enfrenta vencimientos crecientes de deuda externa, con una exposición del sector público en ascenso y un contexto internacional poco favorable. Según el propio FMI, la sostenibilidad del programa acordado está en duda, lo que pone en entredicho la capacidad de repago del país y deja abierta la puerta a futuras renegociaciones.
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Agencia MTR