El gobierno Nacional formalizó este jueves un plan que tiene como objetivo regularizar las deudas pendientes de las principales distribuidoras eléctricas del país, tales como Edesur, Edenor, Edelap y las cooperativas de la provincia de Buenos Aires, con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Esta deuda se acumuló durante el periodo en el que las tarifas eléctricas estuvieron congeladas, y asciende a un total cercano a los 1.000 millones de dólares, que deberán ser abonados en un plazo de seis años.
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 186/25, que fue publicado en el Boletín Oficial, establece las condiciones de pago de esta deuda. Las distribuidoras y cooperativas eléctricas tendrán un plazo de gracia de hasta 12 meses y podrán financiar el monto a abonar en hasta 72 cuotas. La tasa de interés será la mitad de la que aplica el Banco Nación, un referente del mercado financiero argentino. Además, se implementará un régimen de reconocimiento de créditos para aquellas distribuidoras que hayan cancelado la totalidad de sus deudas durante 2024 y no presenten deudas no regularizadas al 31 de diciembre de 2023.
La Deuda y la Crisis del Sector Eléctrico
La deuda acumulada por las 79 distribuidoras y cooperativas con Cammesa alcanza un total de 2,35 billones de pesos (alrededor de 10.000 millones de dólares). De este total, ya se habían logrado acuerdos de regularización para aproximadamente $1,14 billones antes de 2023, y otros $111.684 millones en 2024. Sin embargo, alrededor de $1,1 billón (aproximadamente 1.000 millones de dólares) aún permanece sin regularizar.
Durante el primer trimestre de 2024, la cobrabilidad de las distribuidoras alcanzó índices alarmantemente bajos. En enero, Edesur y Edenor pagaron solo el 33,9% de la factura promedio; en febrero, esa cifra bajó al 16,3%, y en marzo repuntó solo al 34,1%. En el interior de la provincia de Buenos Aires, como en el caso de EDEA, que presta servicios en ciudades como Mar del Plata, Azul, Tandil, Tres Arroyos y Necochea, los pagos fueron aún más bajos, con un 1,9% en enero y un 1,6% en febrero.
En contraste con estos datos preocupantes, algunas cooperativas en la provincia de Buenos Aires, como las de Zarate, Luján, Pergamino, Tandil y Necochea, entre otras, han comenzado a regularizar el pago de sus deudas corrientes con Cammesa. Esta normalización de pagos es vista como una señal positiva en un contexto de crisis.
Condiciones para la Normalización
El plan aprobado por el gobierno establece que, además de regularizar las deudas, las distribuidoras deben pagar las facturas corrientes de manera puntual. En caso contrario, perderán el beneficio del plan de pagos y serán multadas, según informó la Secretaría de Energía. Asimismo, se exige que presenten un plan de inversiones para mejorar la infraestructura del sistema eléctrico. Esta medida responde a la necesidad de garantizar que las distribuidoras no solo salden sus deudas, sino que también inviertan en la modernización y mantenimiento de la red eléctrica.
Desde el Gobierno, a través de la Secretaría de Energía, se explicó que cuando asumieron el mandato en diciembre de 2023, la tasa de cobrabilidad de Cammesa era apenas del 48%, lo que obligaba al Tesoro Nacional a cubrir las deudas no cobradas, generando un círculo vicioso de emisión monetaria e inflación, que afectaba negativamente la estabilidad económica del país y descapitalizaba el sistema eléctrico. Sin embargo, gracias a la recomposición de las tarifas y la focalización de los subsidios, esta tasa de cobrabilidad ha mejorado notablemente, alcanzando actualmente el 97%.
Objetivos y Beneficios a Largo Plazo
El objetivo principal de este plan es que las distribuidoras y cooperativas logren cumplir con el 100% de la facturación corriente, lo que les permitirá acceder a financiamiento para realizar las inversiones necesarias para mejorar el sistema eléctrico. A largo plazo, se espera que esto también les permita establecer contratos directos de suministro de energía con generadoras privadas, eliminando la necesidad de la intervención estatal a través de Cammesa, tal como ocurre en otros mercados internacionales.
Este cambio también traerá consigo una mayor transparencia y eficiencia en el sector eléctrico, similar a lo que ocurría en Argentina en la década de 1990, antes del colapso del sistema con la crisis de la Convertibilidad y la expansión de los subsidios masivos. El gobierno asegura que el restablecimiento de la normalidad en el sistema eléctrico y la capacidad de crédito de las distribuidoras contribuirá a la estabilidad económica del país.
El plan presentado por el Gobierno Nacional busca no solo regularizar las deudas del sector eléctrico, sino también poner en marcha una serie de reformas que aseguren la estabilidad y sostenibilidad del sistema energético del país a largo plazo. Aunque el camino será largo y complicado, las autoridades esperan que estas medidas logren equilibrar las finanzas de las distribuidoras, mejoren la infraestructura de la red eléctrica y, en última instancia, favorezcan a los usuarios y a la economía en general.
Agencia MTR