Como si las rutas argentinas tuvieran margen para paralizar aún más la obra pública, el gobierno nacional adelantó que dará de baja los pocos contratos vigentes que el Estado mantiene con algunas empresas contratistas. Así lo confirmó a través de una nota oficial el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy.

Las restricciones y limitaciones presupuestarias vigentes, advirtió Campoy, derivaron en una significativa reducción en las disponibilidades de créditos presupuestarios para hacer frente a los compromisos contractuales de la repartición que lleva a tomar medidas conducentes para adecuar las acciones a los límites de los reales recursos económicos y financieros que contará este organismo para el transcurso del presente año.

El funcionario describe que resulta necesario arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión, ya sea que se encuentren en los tramos de rutas que han sido contemplados en los referidos decretos (28/2025; 97/2025; y 713/2024), como así también aquellos que hayan sido celebrados para ejecutar obras fuera de la Red Vial Concesionada y que, ante la situación económica financiera actual, se hace necesaria la finalización y cierre de las obras en las cuales se torna inviable su ejecución.

Según trascendió, esta maniobra recortaría unos 3800 puestos de trabajo, de una planta laboral de 5.400. Las desvinculaciones alcanzarían a personal de Vialidad en diferentes provincias y en la casa central porteña.