Con el objetivo de fortalecer la transparencia y la responsabilidad en la administración pública, el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un proyecto de ordenanza que busca regular la conducta ética de los funcionarios públicos en el ámbito distrital nuevejuliense. Este proyecto pretende establecer una normativa clara que guíe las acciones de quienes ocupan cargos públicos.
La ética en el servicio público, según los impulsores de esta iniciativa, está intrínsecamente ligada a la transparencia. Esta última, aseguran, es un componente esencial para garantizar el buen funcionamiento del Estado y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. “Lo que buscamos es establecer un marco normativo que regule las conductas de los funcionarios, que promueva la transparencia y evite conflictos de intereses”, señaló Ignacio Palacios, presidente del bloque de concejales de la UCR.
Puntos Claves del Proyecto de Ordenanza
El proyecto, que será debatido en los próximos días en comisión y posteriormente en el Concejo Deliberante, establece varios puntos fundamentales que los funcionarios deberán cumplir para garantizar la integridad en el ejercicio de sus funciones. Entre los aspectos más destacados, se encuentran:
Prohibición de Beneficios Indebidos: Los funcionarios no podrán recibir ningún tipo de beneficio personal ligado a su gestión, ya sea por acción u omisión en el cumplimiento de sus funciones. Además, se prohíbe la imposición de condiciones que puedan derivar en estos beneficios.
Obligación de Transparencia: El proyecto estipula que los funcionarios deberán fundamentar todas sus decisiones de manera clara y accesible, asegurando la máxima transparencia. Las restricciones de información solo podrán aplicarse cuando así lo exijan una norma específica o el interés público.
Protección de los Bienes del Estado: Se exige que los funcionarios protejan los bienes del Estado, usándolos únicamente para los multas autorizadas y evitando su uso personal o para multas ajenos al servicio público.
Uso Responsable de la Información Pública: Se prohíbe a los funcionarios utilizar la información adquirida durante el ejercicio de sus funciones para fines personales o permitir su uso en beneficio de terceros.
Prohibición de Uso de Recursos Públicos para Beneficio Personal: Los funcionarios deberán abstenerse de utilizar los bienes y servicios del Estado para propio, de familiares, allegados o para promover productos o servicios comerciales.
Regulación de Contrataciones Públicas: El proyecto establece que en los procedimientos de contratación pública deberán prevalecer los principios de publicidad, igualdad, concurrencia y razonabilidad.
Acceso a la Información Pública: Se garantiza que todos los ciudadanos tendrán acceso a la información pública relacionada con la función de los funcionarios, a excepción de la información que esté legalmente restringida.
Declaración Jurada Patrimonial: Todos los funcionarios deberán presentar una declaración jurada patrimonial dentro de los 30 días posteriores a su designación, incluyendo también a los cónyuges y sociedades en las que participen.
La Necesidad de Normas Locales
Aunque a nivel nacional y provincial existen leyes que regulan la ética pública, el bloque de la UCR señaló la falta de herramientas a nivel local para sancionar conductas que no se ajustan a los principios de transparencia y ética. El proyecto de ordenanza, en este sentido, busca llenar ese vacío y ampliar el alcance de las normas éticas a todos los funcionarios públicos, no solo a los cargos electivos, como establece la legislación nacional.
“Si bien existen leyes nacionales y provinciales, la ley nacional solo aplica a cargos electivos. Lo que buscamos con esta ordenanza es que todos los funcionarios, sin importar su cargo, estén sujetos a los mismos principios éticos. Creemos que esta medida es fundamental para la transparencia en la política local”, afirmó Ignacio Palacios.
Debate en el Concejo Deliberante
El proyecto, que ha generado expectativas en el ámbito político local, será discutido próximamente en las comisiones del Concejo Deliberante, y luego será tratado en el recinto para su eventual aprobación. De ser aprobado, el proyecto marcará un paso importante en la implementación de políticas públicas más transparentes y responsables, contribuyendo a mejorar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.
El bloque de la UCR resalta que la ética pública no solo es un requisito moral, sino también una necesidad para fortalecer la democracia y garantizar una gestión pública que trabaje siempre en beneficio de la comunidad. Con este proyecto, los concejales de la UCR buscan poner en práctica una política más ética, transparente y acorde a las expectativas de la sociedad local.
Este proyecto de ordenanza tiene como objetivo establecer un marco normativo claro sobre la conducta de aquellas personas que ocupan cargos públicos en el ámbito local. En el texto del proyecto se detallan los deberes y obligaciones que deberán cumplir los funcionarios, con un enfoque específico en promover la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
Agencia MTR