El Gobierno Nocional hizo saber este viernes de un plan de privatización de la infraestructura vial al anunciar la concesión de las rutas nacionales que actualmente administra Corredores Viales Sociedad Anónima. Esta medida tiene como objetivo principal mejorar la calidad de las rutas del país mediante la participación del sector privado, permitiendo que las empresas se encarguen de la ejecución de obras necesarias a cambio de la explotación de los peajes. La privatización abarca un total de 6.000 kilómetros de rutas distribuidas por todo el territorio argentino, que incluyen tramos clave de las rutas nacionales 3, 5, 7, 8, 9 y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.
La iniciativa del Gobierno busca corregir el grave estado de deterioro de muchas de estas rutas, causado en gran parte por el atraso en las tarifas de precios y la falta de inversión para el mantenimiento y mejora de la infraestructura. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, las nuevas concesionarias asumirán la responsabilidad de ejecutar las obras de mejora necesarias a su propio riesgo, ya cambio, obtendrán el derecho de cobrar pesos a los usuarios que transiten por las rutas. Este modelo, conocido como obra pública por peaje, ha sido adoptado con el fin de permitir que el sector privado invierta en la infraestructura, mientras el Estado asegura que las rutas se mantengan en buen estado para garantizar la circulación más segura.
Adorni también destacó que, al comienzo de la gestión actual, el 45% de las rutas gestionadas por Corredores Viales se encontraba en un estado “malo o crítico”, con muchos contratos de obras paralizados y un atraso en las tarifas de peajes que alcanzaba un 45% en relación con lo que sería la tarifa técnica adecuada. Este retraso en la actualización de los billetes ha generado una creciente dificultad para mantener las rutas en condiciones óptimas. El Gobierno, entonces, considera que la privatización permitirá corregir esta situación y asegurar que las nuevas concesionarias puedan generar los ingresos necesarios para llevar a cabo las obras de reparación y mejora que la red vial del país requiere con urgencia.
En cuanto a la situación financiera de Corredores Viales, se informó que la empresa estatal registró en 2023 un resultado económico negativo, con una deuda de $142.000 millones con proveedores y pérdidas acumuladas por $268.000 millones. Para poder afrontar esta situación, Corredores Viales recibió asistencia del Tesoro Nacional por $301.000 millones. Ante este escenario, el Gobierno considera que la privatización es la solución para optimizar la gestión de las rutas y reducir la carga financiera que implica mantener la infraestructura vial.
El proceso de privatización está siendo coordinado por la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Transporte de la Nación. Esta institución ha lanzado el programa Red Federal de Concesiones.
El plan de privatización también incluirá rutas que hasta ahora no estaban concesionadas, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe, la Ruta Nacional 18 en Entre Ríos y la variante de la Ruta Nacional 19 en Córdoba. En total, se licitarán 8.470 kilómetros adicionales, sumando 6.000 kilómetros de rutas bajo la gestión de Corredores Viales, lo que representa una parte significativa de la red vial del país.
La licitación estará dividida en 11 tramos que abarcan diversas provincias como Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, Chaco, Jujuy, San Luis, Misiones, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero. Uno de los tramos más importantes será el Acceso Riccheri, una de las principales arterias de acceso a la Ciudad de Buenos Aires.
Con esta privatización, el Gobierno busca optimizar la gestión de las rutas, mejorar su estado y reducir la carga fiscal que representa el mantenimiento de la red vial bajo la administración estatal.
El modelo propuesto no solo apunta a mejorar la infraestructura, sino también a reducir los tiempos de viaje, facilitar el transporte de mercancías y mejorar la seguridad vial, lo que sería un impulso para la competitividad económica del país. Las concesionarias que se hagan cargo de las rutas estarán obligadas a realizar las obras necesarias para garantizar el buen estado de las rutas y podrán ajustar las tarifas de los pesos par.
El proceso de privatización será coordinado por la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Transporte de la Nación, que lanzó el programa Red Federal de Concesiones.
Agencia MTR