El titular del Juzgado Federal de Pehuajó, Andrés Heim, dictó una medida cautelar que obliga al Estado nacional a tomar las medidas necesarias para asegurar la continuidad de la política pública destinada a la integración sociourbana de los “barrios populares” registrados en el Registro. Nacional de Barrios Populares (RENABAP). El fallo emplaza al gobierno a presentar, en un plazo de tres meses, un plan de acción conjunto con los estados locales, en su rol de “unidades ejecutoras”, para avanzar en la ejecución de este programa habitacional.
La decisión se adoptó en el marco de un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una vecina de un barrio Renabap de la localidad de Pehuajó y el cura Lorenzo De Vedia, de la organización Opción por los Pobres. Los demandantes sostienen que el gobierno nacional debe destinar más recursos al Fideicomiso para la Integración Socio-urbana (FISU), un fondo crucial para las obras.
Los reclamantes pidieron que se declare la inconstitucionalidad del decreto del Poder Ejecutivo Nacional n° 193/24 por ser incompatible con las disposiciones de las leyes n° 27.453 y 27.541, toda vez que modificó los porcentajes de asignación de fondos recaudados por el denominado como impuesto PAIS, conforme previsiones del artículo 42 de la última de las leyes mencionadas. Denunciaron que, de esa manera, se eliminó la principal fuente de financiamiento del fideicomiso para la integración sociourbana (FISU).
También, el magistrado exhortó al Congreso para que, “haciendo uso de sus atribuciones constitucionales, arbitre los medios necesarios para contemplar y/o establecer mecanismos de financiamiento para la continuidad de la referida política pública”.
Agencia MTR