La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó hoy un proyecto que propone la eliminación de la denominada “sobretasa de Justicia”, un adicional del 10% sobre la tasa judicial que se aplica a quienes requieren servicios del sistema judicial provincial. Esta medida, impulsada por Facundo Tignanelli, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), busca aliviar la carga económica que enfrentan los ciudadanos al acceder a la justicia.
La sobretasa, que se utiliza para financiar la Caja de Abogados de la Provincia, ha sido objeto de debate, ya que el 10% recaudado no tiene una relación directa con la mejora de los servicios judiciales, sino que se destina a esta entidad previsional. En los fundamentos del proyecto, Tignanelli y sus aliados sostienen que este impuesto adicional “genera una carga económica innecesaria” para las personas involucradas en procesos judiciales, sin contribuir directamente a la calidad del servicio judicial.
Según los datos oficiales, en el período 2023-2024, los ingresos por esta sobretasa representaron $673 millones, aproximadamente el 2,85% del total de los fondos gestionados por la Caja. Si bien esta cantidad no es menor, la iniciativa subraya que la previsión social de los abogados debe basarse en el principio de solidaridad y no en un gravamen adicional sobre quienes utilizan los servicios de la justicia.
La medida ha generado resistencias, especialmente desde la propia Caja de Abogados. Gabriel Picón, director de la entidad, expresó su oposición a través de las redes sociales, defendiendo la naturaleza “obligatoria y esencial” del sistema previsional y su fundamento en la solidaridad. La Caja argumenta que la eliminación de la sobretasa podría generar dificultades para cubrir sus costos operativos y mantener el sistema previsional de los abogados.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto pasará al Senado provincial, donde se espera un nuevo debate sobre la viabilidad de la medida. Si bien se trata de un paso importante hacia la reducción de los costos para los usuarios del sistema judicial, su implementación final dependerá de la voluntad política de los senadores y de cómo se resuelvan las diferencias con los sectores involucrados en la previsión social de los abogados.
Agencia MTR