La senadora bonaerense del PRO, Aldana Ahumada, ha presentado un proyecto de ley este miércoles con el objetivo de derogar la Verificación Técnica Vehicular (VTV) obligatoria en la provincia de Buenos Aires, que en octubre de 2024 ha alcanzado un costo superior a los $44.000 para vehículos livianos.
El proyecto, coautorado por los senadores Christian Gribaudo y Marcelo Leguizamón, argumenta que la VTV, instaurada para garantizar la seguridad vial, ha sido objeto de críticas por su ineficacia y el exceso de burocracia. “La VTV no ha logrado reducir significativamente los accidentes de tránsito y representa una carga económica desproporcionada para los ciudadanos”, afirma el texto del proyecto.
Ahumada propone que, en lugar de la normativa actual, el control del estado de los vehículos usados se rija por los artículos 34 y 35 de la Ley Nacional de Tránsito No 24.449. Esto permitiría unificar los criterios de verificación con la normativa nacional y eliminar el sistema vigente, que la senadora considera obsoleto e ineficiente.
Entre las críticas al régimen actual, Ahumada señala la falta de diferenciación entre vehículos nuevos y antiguos, resaltando que “la VTV se aplica de manera uniforme a todos los automóviles, sin considerar su estado real de mantenimiento”. Esto, según la senadora, obliga a los propietarios de vehículos en buenas condiciones a cumplir con un trámite que, en muchos casos, resulta innecesario.
El proyecto también incluye datos que indican que los desperfectos mecánicos representan menos del 1% de las causas de los siniestros viales en Argentina. La senadora destaca que factores humanos, como el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y el consumo de alcohol, son las principales causas de accidentes. Por ello, sugiere avanzar en la incorporación de educación vial en las escuelas como una medida preventiva más efectiva.
Además, Ahumada argumenta que la seguridad vial no puede depender únicamente del estado de los vehículos, sino que es crucial mejorar la infraestructura vial. “Sin una inversión adecuada en la reparación y mantenimiento de las carreteras, cualquier esfuerzo en controlar los vehículos será insuficiente para reducir los siniestros viales”, subraya.
La senadora también señala que la obligatoriedad de la VTV ha tenido un impacto negativo en sectores productivos, como el transporte y las pequeñas empresas, que dependen de sus vehículos para operar. El aumento en los costos de verificación ha repercutido en sus costos operativos, afectando su competitividad y, en consecuencia, generando aumentos en los precios de bienes y servicios en la provincia.
Con esta propuesta, Ahumada busca abrir un debate sobre la necesidad de revisar y reformar la normativa vigente en materia de seguridad vial y su impacto en la economía de los ciudadanos y las empresas de la provincia de Buenos Aires.
Agencia MTR