La Procuración del Tesoro, bajo la dirección de Rodolfo Barra, ha emitido un dictamen que restablece la capacidad de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para auditar a las universidades nacionales. Esta medida revierte una resolución de 2022, adoptada durante el gobierno de Alberto Fernández, que limitaba las auditorías.
La nueva interpretación legal establece que las universidades están sujetas a la Ley de Administración Financiera, permitiendo que la auditoría SIGEN realice sin necesidad de convenios específicos con cada institución. Esta decisión contrasta con la normativa de Carlos Zannini, ex procurador del Tesoro, quien había sostenido que el artículo 100 de dicho
Antes de la resolución de Zannini, la SIGEN tenía un papel más activo en la supervisión de estas instituciones. En noviembre de 2022, se determinará que las auditorías solo podrían llevarse a cabo si así lo deciden la Auditoría General de la Nación (AGN) y el Congreso. Posteriormente, un acuerdo firmado en 2023 por el entonces ministro de Educación, Jaime Perzyck, permitió a las universidades optar por solicitar a
El reciente dictamen de Barra se originó tras una consulta de la Secretaría de Educación que solicitó claridad sobre el alcance de la Ley de Administración Financiera respecto a las universidades. En su resolución, Barra subrayó que la aplicación del sistema de control interno no vulnera la autonomía y autarquía administrativa-financiera
El presidente Javier Milei ha mantenido una postura crítica hacia las universidades públicas, sugiriendo que la resistencia a las auditorías puede estar relacionada con irregularidades en la gestión. En un acto reciente, el mandatario afirmó: “Si no quieren ser auditados, debe ser porque están sucios”. Sin embargo, también aclaró que el gobierno no tiene intención de privatizar estas instituciones, insistiendo en que seguirán siendo públicas y no aranceladas.
Agencia MTR