El Juzgado Nacional en lo Civil N° 8 a cargo de la Dra. Lucila Inés Córdoba, Sec. única a cargo de la Dra. María Victoria Ordóñez, sito en Lavalle 1220 3er. piso de la CABA, ha dictado una resolución que prohíbe a los medios de comunicación nombrar al reconocido periodista Jorge Lanata y a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio.
Esta decisión se produce en un contexto de tensión familiar, donde las hijas de Lanata, Bárbara y Lola, han presentado denuncias contra Marcovecchio por supuestos hurtos de objetos de valor y dinero, así como por afectar la salud del periodista, quien se encuentra actualmente internado en la clínica Santa Catalina.
La orden judicial establece que cualquier medio gráfico, radial, televisivo, audiovisual o digital debe abstenerse de difundir información relacionada con Lanata y su situación familiar.
La jueza Córdoba justificó la medida basándose en la angustia de Marcovecchio, quien alegó sentirse vulnerable debido a la atención mediática sobre las acusaciones que enfrenta.
Sin embargo, esta resolución ha desatado un amplio rechazo por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), que argumenta que la prohibición es incompatible con las normas constitucionales e internacionales que garantizan la libertad de expresión, las cuales les alcanza a la jueza que ordenó la prohibición.
En un comunicado, Adepa expresó que la censura judicial representa un riesgo para la democracia y el debate público, subrayando que el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica prohíben claramente cualquier forma de censura previa.
La organización destacó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las medidas preventivas que limitan la libertad de expresión son inaceptables y deben ser reconsideradas con urgencia.
La controversia plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la protección de la intimidad y el derecho a la información, además de los posibles impactos de la decisión en la libertad de prensa en Argentina.
Adepa advirtió que la censura puede ser utilizada para silenciar voces independientes y proteger a los poderosos, lo que representa un peligro para la convivencia democrática. En este escenario, el debate sobre la justicia y la libertad de expresión sigue siendo más relevante que nunca.
La resolución judicial además, intenta limitar la libre expresión en todo el país, siendo una disposición de un Juzgado con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires enviando un oficio a el ENACOM, el Ente Nacional de Comunicación con alcance federal. El hecho, plantea un dilema sobre cómo equilibrar la protección de la intimidad con el derecho a la información, destacando la importancia de mantener un debate abierto y transparente en la sociedad. La controversia sobre esta decisión judicial es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la libertad de prensa en el país, así como la necesidad de proteger tanto los derechos individuales como el interés público.
Agencia MTR