La reciente revelación de un video que muestra a un policía arrojando gas pimienta a una niña de 10 años en el Congreso de la Nación cuando un grupo de jubilados pedían que se mantenga un aumento otorgado por los legisladores y quitado por el presidente Javier Milei, subraya la importancia crítica de la veracidad en la comunicación estatal.
Los funcionarios de un gobierno son los representantes del Estado. Esto significa que sus decisiones deben ser caracterizadas por la verdad.
La filmación original de ese suceso del miércoles pasado, que carecía de veracidad y aparentemente fue difundida desde una entidad gubernamental cercana a la seguridad, subraya el impacto negativo que puede tener la desinformación en la confianza pública.
La difusión de información falsa no solo distorsiona la realidad de los sucesos, sino que también deteriora la credibilidad de las instituciones en sí mismas y en particular las encargadas de la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
La falta de honestidad y transparencia en tales situaciones puede llevar a una pérdida significativa de confianza en las autoridades, lo que afecta negativamente la percepción de justicia y la eficacia del sistema.
En última instancia, la verdad es esencial para mantener la integridad y la confianza en las instituciones, y cualquier intento de manipular la información debe ser seriamente abordado para proteger la legitimidad y la seguridad jurídica.
La veracidad en la información proporcionada por el Estado y sus funcionarios es crucial para la estabilidad y confianza en el sistema jurídico y administrativo. Los funcionarios públicos, al actuar en nombre del Estado, tienen la responsabilidad de ofrecer datos precisos y claros, ya que la transparencia es la base de una gobernanza efectiva y responsable.
Cuando se divulga información falsa o engañosa, se compromete la integridad de las decisiones estatales y se menoscaba la seguridad jurídica. Esto no solo afecta la percepción pública sobre la legitimidad del Estado, sino que también puede llevar a decisiones erróneas por parte de los ciudadanos y de otros actores institucionales, con posibles repercusiones legales y sociales.
Además, la desinformación por parte de los funcionarios públicos es especialmente grave porque actúa como un reflejo del compromiso del Estado con la verdad y la justicia.
La confianza en las instituciones se construye sobre la base de la certeza y la fidelidad de sus actos, y cualquier desvío de estos principios puede llevar a una erosión significativa del respeto y la obediencia a las normas y leyes establecidas.
En última instancia, la actitud de los funcionarios hacia la veracidad es un componente esencial para asegurar que el sistema jurídico funcione de manera justa y equitativa.
La transparencia y la honestidad son fundamentales para fomentar un entorno de responsabilidad y credibilidad, y cualquier falta en estos principios debe ser abordada con seriedad para proteger el bienestar y la confianza de la sociedad.
Lo sucedido frente al Congreso de la Nación, donde el pueblo país debe ser respetado por sus representantes no solo le alcanza al Gobierno Nacional por ser el protagonista de los sucedido. Debe ser un espejo que sirva para mirarse a los Gobiernos provinciales y municipales, sobre lo que no es correcto.
Las instituciones están deterioradas porque quienes las representan son hombres y mujeres que se olvidan de los roles que asumen y deben actuar en consecuencia.
Las poblaciones piden a sus gobernantes a grito, honestidad, seriedad, confianza, credibilidad y transparencia de sus actos.
Y quienes encarnan al Estado a través de sus Gobiernos, aunque temporarios, deben proceder con claridad.
Agencia MTR