comunicado DNU y proyecto de Ley Bases
El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires hizo pública una carta que enviara a los Legisladores del congreso de la Nación en relación al tratamiento de DNI 70/2023.
El proyecto de ley “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, significa ‘una deformación de la cláusula constitucional y consuma una abdicación de potestades del propio Congreso que resulta inadmisible’. En otros términos, se le señala que no se puede renunciar a facultades que le son propias. Tampoco delegarlas, ya que conlleva una deformación de cláusulas constitucionales esenciales.
Y en relación a la naturaleza de los Decretos de Necesidad y Urgencia – DNU – señalan ‘que deben ser una herramienta de carácter restrictivo y excepcional, debe rechazarse el uso
recurrente a esta herramienta, y por sobre todo rechazar contundentemente la validez constitucional de la ley 26.122 dictada por el Congreso Nacional, en tanto no hace más que deformar la cláusula constitucional del artículo 99 inc 3, violentando así la división de poderes, piedra angular del sistema republicano de gobierno consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional’.
En el mensaje se hace mención que el documento está avalado por 20 Colegios de profesionales del territorio bonaerense y que tengan presente, se les dice a los legisladores que hay cambios que se proponen que ‘resultan inconvenientes’.
A esto se resalta que de aprobarse el DNU se introducirán reformas que:’i) algunas serán impracticables, ii) que traerán un resultado negativo e inclusive distinto a la finalidad proclamada que supuestamente se busca, y, iii) otras pueden derivar directamente en cuestionamientos de orden constitucional, ya sea por parte de los ciudadanos en forma individual, o por ponerse en juego derechos colectivos que se vean afectados (vgr la alteración de la representación popular por reformas en materia electoral)’.
Se critica la falta de perspectiva integral en el proyecto, señalando que no aborda adecuadamente los aspectos legales relacionados con hijos menores y otros efectos del divorcio.
Además, se cuestiona la afirmación de que la legislación propuesta sigue estándares internacionales, argumentando que otros países con divorcio administrativo requieren asesoramiento legal y solo aplican esta modalidad en casos sin complicaciones.
Se defiende la integralidad y sistematicidad del proceso de divorcio judicial actual, destacando su manejo efectivo y la participación de abogados en la resolución de conflictos familiares. Se concluye alertando sobre posibles conflictos normativos entre el proyecto y las leyes procesales locales.
El texto de reforma propone también la implementación de la sucesión extrajudicial o notarial en Argentina.
En torno a ello la Colegiación bonaerense destaca la crítica a la técnica legislativa del proyecto, cuestionando la opción de permitir este tipo de sucesión en casos sin controversia entre los herederos y cuando todos son capaces. Se argumenta que el proyecto podría generar conflictos y que ya existe una regulación procesal suficiente en los códigos de procedimientos.
Se menciona la oposición de expertos y colegios de abogados a la sucesión notarial, señalando posibles violaciones constitucionales y la falta de necesidad práctica, ya que los procesos sucesorios no contenciosos son generalmente simples y rápidos en la vía judicial.
Además, se critican aspectos específicos del proyecto, como los requisitos y aranceles notariales, sugiriendo que la intervención judicial brinda mayor seguridad jurídica. Se concluye mencionando la importancia de considerar la realidad política en la discusión del proyecto.
En conclusión, se insta a los legisladores a considerar las críticas constructivas presentadas en el documento y a evaluar la pertinencia y prudencia en la implementación de las reformas propuestas.
Se hace énfasis en la necesidad de un análisis exhaustivo, la búsqueda de antecedentes y datos justificativos, así como la importancia de lograr consenso y coherencia en el ordenamiento jurídico.
Se subraya la importancia de evitar modificaciones apresuradas y sin la necesaria fundamentación, especialmente al abordar aspectos fundamentales del Código Civil y Comercial.
Se alerta, finalmente sobre posibles retrocesos en materia de género, diversidad y salud mental, señalando que ciertas propuestas podrían violar el sistema constitucional-convencional.
Para finalizar se hace un llamado a reflexionar sobre las delegaciones legislativas para preservar la división de poderes y se destaca la importancia de que cualquier reforma supere el test de razonabilidad consagrado en la Constitución Nacional.