El 25 de noviembre de 1960, en República Dominicana, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron brutalmente asesinadas por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1981, dos décadas después, el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe propuso el 25 de noviembre como Día contra la violencia hacia las mujeres, en memoria y reconocimiento de la lucha de las hermanas Miraval.
Según publica Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y generalizadas del mundo. Se calcula que, a nivel global, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sido víctimas de violencia física y/o sexual al menos una vez en su vida.
“Se trata de una lacra que se ha intensificado en diferentes entornos, incluidos el lugar de trabajo y los espacios en línea, y se ha visto agravada por los efectos pospandemia, los conflictos y el cambio climático”, dice la ONU y advierte que “la solución radica en gran parte en respuestas sólidas que inviertan en la prevención”.
“Sin embargo resulta alarmante la escasa cantidad de recursos económicos que los países están destinando. Tan solo un 5% de la ayuda gubernamental mundial va destinada a la violencia de género y se invierte menos del 0,2% en su prevención”, añade la organización.
“Se precisa –indica el informe Únete de la campaña 2023– más recursos económicos en las organizaciones de mujeres, mejoras en la legislación y la aplicación de la justicia, servicios para los supervivientes y capacitación para agentes del orden público”.
La violencia contra mujeres y niñas sigue relativamente silenciada por un sistema que facilita la impunidad de los perpetradores, la estigmatización social y la vergüenza que sufren las víctimas.
En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:
- violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);
- violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);
- trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);
- mutilación genital, y matrimonio infantil.
Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”
Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para hacer cumplir el derecho a la educación de las niñas, sino que también restringe el acceso a la educación superior a la mujer, limitando así sus oportunidades de empleo.
Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.
La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.