Es un hecho que la pandemia ha empobrecido las economías de América Hispana. Según el informe del Panorama Social de América Latina y Caribe -CEPAL-, del 22 de noviembre de 2022, proyecta que 201 millones de personas (32,1% de la población) viven en situación de pobreza y 82 millones (13,1%) en estado de indigencia. Asimismo, se hace mención a diversas situaciones como la crisis educativa, los desiguales impactos laborales entre hombres y mujeres, el avance en el cumplimiento de la Agenda 2030-ONU.
Este nuevo escenario viene preocupando a diversos organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 26 de febrero de 2023, ha presentado su informe sobre “Mecanismos Nacionales de Implementación de Recomendaciones y Decisiones Internacionales en materia de Derechos Humanos”, donde se consideran una serie de “recomendaciones y decisiones” para nuestros gobiernos, en el marco de la planificación estratégica 2023-2027 de la OEA.
En su art. 270 se hace mención a los inconvenientes existentes en el cumplimiento e implementación de estas “recomendaciones”, quedando identificado cinco desafíos que limitan la efectiva ejecución de las mismas, entre ellas, el FEDERALISMO, al que describen como proceso de “fragmentación” que impide que se desarrollen criterios de comunicación entre las diversas ramas e instituciones del poder público. Un escenario que genera, para los directivos del Organismo americano, consecuencias negativas en distintos órdenes y niveles de gobierno. La Comisión Interamericana reconoce que: “esta fragmentación tiende a generar procesos asimétricos entre distintas ramas del poder y a generar incentivos que afectan a la lógica de cumplimiento de recomendaciones internacionales”.
Es decir, para la OEA, el carácter FEDERAL que diversos Estados Americanos (Brasil, México y Argentina) asumen como modelo de distribución competencial, contribuye a un fenómeno de dispersión de las “recomendaciones internacionales”. En Estados con gobierno federal, con provincias autónomas e independientes y municipios autónomos, la implementación de decisiones de estos organismos se enfrenta a un esquema de segmentación que coloca en riesgo la adecuada materialización de las mismas: “la descentralización de los modelos federales genera retos particulares para la implementación y cumplimiento de decisiones internacionales”.
El artículo señalado es una clara violación de la Resolución aprobada en la novena sesión plenaria, celebrada el 9 de junio de 1995 entre la OEA y ONU, en sus Considerando se establece que: “las Cartas constitutivas de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas señalan entre los propósitos de ambas organizaciones los de afianzar la paz y la seguridad, lograr la solución pacífica de las controversias internacionales y promover el desarrollo económico, social y cultural sobre la base de los principios de igualdad jurídica soberana de los Estados, no intervención en los asuntos internos de los Estados, solidaridad, cooperación, buena fe y el pleno respeto del derecho internacional…”. Por lo tanto, la OEA no puede, ni debe, realizar recomendaciones sobre las formas de organización de un Estado Soberano, Independiente y Libre.
La Organización de Estados Americanos, como la Organización de Naciones Unidas, no fueron creadas para defender o atacar ningún sistema de gobierno en particular, sino para permitir el diálogo pacífico entre alternativas divergentes. Aunque la OEA por su parte limita lo adoptado en la ONU al aprobar la Carta Democrática en su Asamblea General en Lima, el 11 de septiembre de 2011. La Carta la habilita “en caso de ruptura del orden constitucional, o golpe de Estado, a tomar las sanciones y las medidas que considere adecuadas”.
El 19 de abril de 2016 la OEA firma una declaración para cooperar, con los gobiernos de América, en el logro del cumplimiento del programa de la Agenda 2030-ONU.
Ante los distintos informes que los gobiernos consultados han presentado, sobre retrocesos y avances de los objetivos de la Agenda, concluyeron que las autonomías provinciales y municipales están generando grandes inconvenientes para el cumplimiento de los objetivos. Esto prueba que, existe un teatro de operaciones de cooperación y colaboración entre ambos organismos internacionales, para un nuevo escenario -u Orden- mundialista.
Ahora, ¿qué decisión tomará el gobierno argentino? ¿Qué actitudes asumirán los gobernadores y los intendentes si avanzan sobres sus autonomías? ¿Tendremos una reforma constitución que limite a su art.1°? Se abren muchos interrogantes para un régimen político que no da certezas y seguridad jurídica.
Agencia MTR