A pesar de haberse cumplido 40 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, ordenado por la junta militar que gobernaba el país, integrada por Leopoldo Galtieri, Basilio Lami Dozo, y Jorge Anaya, aún no se ha escrito la historia completa del enfrentamiento bélico con Gran Bretaña.
En la actualidad, existen aproximadamente 9.000 veteranos no reconocidos que reclaman su lugar en la historia. Soldados, en su mayoría conscriptos, que fueron destinados a las distintas bases militares apostadas en el continente. “Nosotros también tuvimos acciones de combate. Además, no fuimos a un picnic”, repiten casi al unísono. De hecho, ellos siempre afirman que los muertos en Malvinas fueron 649, y no los 632 que se reconocen oficialmente, ya que hubo 17 ex combatientes fallecidos en el continente.
En el año 2018, el entonces diputado nacional por el Partido Demócrata Cristiano Juan Fernando Brugge, del bloque parlamentario Córdoba Federal, presentó el Proyecto de Ley 3932, a instancias de un numeroso grupo de veteranos de Malvinas no reconocidos llamado “Concertación TOAS” (Teatro de Operaciones del Atlántico Sur). El proyecto se proponía otorgar “el reconocimiento moral e histórico a los exsoldados conscriptos que participaron de manera directa en el conflicto bélico”. En sus fundamentos, aclaraba que dichos soldados “fueron desplegados desde sus unidades militares de origen al sur del territorio nacional”, incluyendo el por entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego.
Como al diputado Brugge se le terminó su mandato en diciembre de 2019, decidió reinscribir el proyecto, que ahora lleva por número el 0505/2021, el cual sumó numerosos apoyos, entre ellos el del ex gobernador de San Juan José Luis Gioja. Pese a ello, aún permanece en la cámara baja, a la espera de su dictamen para poder ser tratado en el recinto. Pero los tiempos del Congreso no son los de la gente: luego del recambio legislativo del 10 de diciembre del año pasado, la mayoría de las comisiones todavía no se conformaron.
Pero más allá de las comprobadas incursiones británicas en el continente, su reclamo se torna justo desde el mismo momento en que fueron desplegados a diferentes destinos del sur argentino durante la guerra para realizar tareas de logística, vigilancia y defensa de las costas del litoral marítimo patagónico indispensables en todo conflicto bélico. La injusticia de su situación se potencia cuando se comprueba que todos los tripulantes de los buques que, por decisión de los mandos de la Armada, no salieron de puerto, además de ser reconocidos como veteranos, cobran una pensión honorífica por parte del Estado equivalente a 3 jubilaciones minimas La pregunta surge inevitable: ¿Por qué todo este personal de la Armada está incluido entre los beneficiarios, y los miles que sirvieron en las bases continentales no?
El reclamo se apoya en la propia historia. El 7 de abril de 1982, cinco días después del desembarco, se emitió el decreto secreto 700, que constituyó el TOAS, delegando la determinación de sus límites en un Comité Militar, órgano que el 12 de abril decidió ampliar y extender la jurisdicción del hasta entonces vigente TOM (Teatro de Operaciones Malvinas) hasta el litoral marítimo argentino, donde funcionaron las bases de Trelew, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz, Río Gallegos, y Río Grande, a los efectos de vigilar y defender la zona de posibles incursiones británicas en el continente.
El 21 de mayo, siempre de 1982, a través del decreto 999, el Gobierno reconocía que Gran Bretaña e Irlanda del Norte realizaron “reiteradas agresiones contra el territorio nacional y que éstas pueden repetirse en el futuro”. Ya por aquel entonces se habían registrado acciones de combate en el continente, inclusive antes del comienzo formal de la guerra el 1 de mayo, pero las FFAA querían evitar que trascendieran para que no cunda el pánico en la población.
De hecho, para fines de mayo se había pensado en la posibilidad de realizar desde las bases continentales una operación sobre San Carlos, ubicado en la costa occidental de la Isla Soledad. El documento elaborado por Américo Daher, Jefe del Estado Mayor en las islas, propuso atacar con submarinos a las fragatas inglesas, apoyados por dos corbetas y dos lanchas rápidas, y el lanzamiento de una fuerza de tareas de paracaidistas a 30 km al sur de Puerto Darwin y Pradera del Ganso. También se preveía el desembarco de buzos tácticos.
Más datos históricos. El 24 de mayo, el recientemente creado Centro de Operaciones Conjuntas (CEOPECON), con asiento en Comodoro Rivadavia y al mando de Jorge Osvaldo García, emitía su primer acta en la cual se proponía coordinar las acciones bélicas, incluyendo “las bases aéreas, aeronavales, instalaciones militares, los puntos de apoyo logístico y todo otro lugar en el continente que pueda ser motivo de un eventual ataque del enemigo”. Ello se debió a un documento confeccionado por Mario Benjamín Menéndez, por entonces gobernador de Malvinas, donde le detalló a la Junta “las dificultades de logística, de inteligencia, la carencia de combustible que imposibilitaba el funcionamiento de los radares, la falta de reservas alimentarias”. También solicitó la reanudación del puente aéreo entre el archipiélago y el continente. Pruebas que refuerzan aún más el pedido de reconocimiento por parte de quienes estuvieron apostados en las bases.
Vale remarcar un hecho poco conocido: A poco de finalizado el conflicto, todos los que en él participaron recibieron un documento de contrainteligencia, donde se les ordenaba tajantemente “no proporcionar información a nadie sobre su movilización, lugar de presentación, arma a la que pertenece y/o aptitud adquirida y su experiencia de combate”.
Las leyes de la posguerra
Ya con el regreso de la democracia, y con las heridas de Malvinas aún abiertas, el 23 de octubre de 1984 se promulgó la ley 23109, que otorgaba beneficios “a los ex-soldados conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.
Pero el 26 de abril de 1988, el Poder Ejecutivo emitía el decreto 509/88, que reglamentó aquella Ley, manifestando en su artículo primero que “se considerará Veterano de Guerra a los ex soldados conscriptos que participaron en las acciones bélicas en el TOAS, determinado el 7 de abril de 1982, que abarcaba la plataforma continental de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y el espacio aéreo correspondiente”.
También se dispuso que el entonces Ministerio de Acción Social tuviera a su cargo el pago de los beneficios, que equivalía en aquel momento a una jubilación mínima. Aunque los términos de dicho artículo son contradictorios, lo cierto es que este decreto dejó afuera del beneficio a miles de personas, entre ellos a quien hoy reclaman. Si bien el 14 de marzo de 2011, la Cámara Federal de Córdoba resolvió la inconstitucionalidad de dicho decreto a partir del reclamo de 32 exsoldados, dicho fallo no se hizo extensivo a otras demandas y el problema se fue agravando. Las razones de aquella decisión del gobierno de Raúl Alfonsín fueron netamente económicas.
El 9 de octubre de 1990, durante la administración de Carlos Menem, se promulgó la ley 23848, incluyendo a civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares donde se desarrollaron las acciones bélicas de combate. Cuatro años más tarde, mediante la ley 24343, se extendió el beneficio a Oficiales y Suboficiales de las FFAA, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional.
“La Fuerza Naval se dedicó a luchar por objetivos de política interna y de conservación de sus propios elementos, no dedicando más que el mínimo esfuerzo al conflicto de Malvinas”, escribió el Brigadier ya fallecido Ernesto Crespo, a cargo de la Fuerza Aérea Sur (FAS) durante la guerra, en un memorándum secreto dirigido al Jefe del Estado Mayor General de las FFAA el 1 de julio de 1982, es decir, 15 días después de la rendición argentina. Luego del hundimiento del Crucero General Belgrano, la unidad más antigua de la Armada, la flota de guerra no salió más a mar abierto por temor a los submarinos nucleares.
Estas declaraciones revelan lo que siempre se sospechó: que la Armada prácticamente no participó del conflicto. Sin embargo, es la fuerza con mayor cantidad de veteranos reconocidos. Ello se debió, entre otras razones, a una fuerte presión ejercida en 1994 por el Consejo de Oficiales Superiores de la Armada, que logró, mediante el decreto 1083, que se incorporara al beneficio a todos los tripulantes de 25 buques que nunca salieron de puerto.
“Si la Fuerza Aérea no hubiese estado en la Patagonia, con sus medios desplegados en el continente, el conflicto hubiera finalizado probablemente el primer día de combate, es decir, el 1 de mayo. Los ingleses consideraron a la Fuerza Aérea Sur su único enemigo real en el conflicto”, aseguró también el citado Ernesto Crespo.
Estas declaraciones fueron refrendadas por el ex integrante del 12 Regimiento de Defensa Aérea británico, Edward Denmark quien visitó la Argentina a fines de 2019 con la única misión de ayudar a los miles de soldados argentinos ignorados por su propio país a ser reconocidos como veteranos de guerra. Durante el conflicto, Denmark tenía como objetivo nada menos que destruir los aviones de la Fuerza Aérea argentina, que provocaba grandes daños a la flota inglesa.
En dicha línea apuntaron sus declaraciones: “Lamentablemente, sigue habiendo una gran injusticia y es que los soldados de las bases continentales no son reconocidos por su valiosa contribución al esfuerzo de guerra”, aseguraba el ex artillero. Y afirmaba tajante: “Todos fueron parte de una cadena necesaria para la supervivencia. Yo disparaba a sus aviones con el lanzamisiles o con un rifle. Pero los misiles que cargamos, o las municiones, nos fueron provistos desde la isla Ascención, que se encuentra a 8.000 millas náuticas de Malvinas. Desde allí nos entregaban comida, armas y municiones”.
Los soldados ingleses que mencionó Denmark fueron reconocidos por el Estado británico, mientras que sus pares argentinos, quienes se hallaban a apenas 400 millas del archipiélago, fueron y continúan siendo completamente ignorados por el propio país al que supieron defender.
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El Observador
Agencia MTR