Mas de 3,4 millones estudiantes de todo el país quedaron fuera de la inclusión digital producto del desfinanciamiento y la discontinuidad del programa Conectar Igualdad que tuvo lugar durante el período 2016-2019
Este indicador equivale al 83% de la matricula total de alumnos y alumnas del nivel inicial, primario y secundario de la provincia de Buenos Aires.
De haberse seguido otra política miles de estudiantes hoy tendrían garantizado un insumo esencial para tener acceso al mundo de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en tiempos de covid-19.
Todos los 17 de mayo se celebra el Día Mundial de Internet que coincide con el Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información establecido por la ONU. Es una jornada pensada, principalmente, para reflexionar y dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, como así también promover mayores niveles de accesibilidad a la red. Necesariamente esto implica, en el caso de la Argentina, poner foco en la inclusión digital.
Si bien desde el actual gobierno nacional se anunció la puesta en marcha del Plan Juana Manso, que busca empezar a revertir la exclusión digital mediante la entrega de más de 700 mil computadoras a alumnos y alumnas, debemos tener presente la importancia de lo que significa que los planes de educación digital sean permanentes y perdurables. Necesitamos una política de Estado transversal a los gobiernos de turno.
En mayo de 2019, desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo habíamos advertido que el presupuesto del Plan Nacional Integral de Educación Digital (PLANIED), abocado en el periodo 2017 a 2019 a la implementación del Plan Aprender Conectados que reemplazó al Plan Conectar Igualdad, estaba sufriendo fuertes recortes y desfinanciamiento.
Según las cifras de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Economía de la Nación, al PLANIED se le había asignado un presupuesto de $7.200 millones en 2017 y ese mismo año se redujo a $3.900 millones; en 2018 pasó a $3.122 millones y 2019 cerró con una ejecución de $1.950 millones, es decir, apenas 27% de lo que se había presupuestado dos años antes. El ajuste fue aún mayor si tenemos en cuenta que durante el periodo la inflación fue del 126% y el peso (cotización oficial) se devaluó un 250% aproximadamente.
Ahora bien, un estudio realizado por Agustín Claus, docente de Planeamiento y Economía de la Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), arroja datos reveladores sobre el real impacto de lo que significó el ajuste presupuestarias para las comunidades educativas.
Claus estimó en 3.432.032 el número de estudiantes que no accedieron a la inclusión digital durante ese mismo período. En ese sentido, el investigador de Flacso mostró datos que dejan ver una curva la curva decreciente en la cantidad de netbook entregadas por el Estado nacional: pasó de 823.167 unidades en 2015 a menos de la mitad en 2016 (410.241). La reducción se profundizó en 2017 (321.711) y mostró cifras irrisorias en 2018 (75.766) y 2019 (15.040).
A partir de estos datos, una de las conclusiones que podemos sacar es que en 2019 se entregaron apenas el 1,82% de unidades respecto a 2015.
Cuestión de derechos
En la actualidad las TIC´s se volvieron fundamentales para hacer efectivos muchos de los derechos consagrados en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Algunos de estos derechos cobran nuevas dimensiones en relación con el uso de la tecnología. Entre ellos, el derecho a la libertad de expresión, que debe promoverse más y a la vez asegurar su real aplicación.
La tecnología también sirve de soporte y de medio para el derecho a reunión y libre asociación, para el cual las redes sociales ofrecen herramientas que potencian su alcance; el derecho a la educación, a la recreación y juego y la cultura, donde la escuela cumple un rol fundamental en la alfabetización digital y en forjar la ciudadanía digital.
El Comité Derechos del Niño de la ONU advirtió, en la Observación N° 25 de marzo de 2021, que “la posibilidad de acceder a las tecnologías digitales de forma provechosa puede ayudar a los niños a ejercer efectivamente toda la gama de sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales. Sin embargo, si no se logra la inclusión digital, es probable que aumenten las desigualdades existentes y que surjan otras nuevas”.
Teniendo en cuenta este marco normativo internacional, la transformación digital plantea desafíos y oportunidades más aún desde el inicio de la crisis derivada del Covid‑19. Es indispensable evitar cometer los mismos errores del pasado reciente, aunar esfuerzos en la coordinación y fijar como prioridad alcanzar una rápida expansión de la inclusión digital.
Agencia MTR