Más de un centenar de investigadores e investigadoras de 10 universidades nacionales participaron en un detallado informe que releva las condiciones socioeconómicas y sanitarias de las comunidades de pueblos originarios durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
El trabajo es una continuación ampliada y profundizada de un primer documento que había salido a principios de abril, a partir de un pedido de la Unidad Coronavirus sobre datos de poblaciones vulneradas. El informe también recoge sugerencias y recomendaciones para mejorar el impacto de la política pública.
“En este caso, se trata de poblaciones afectadas por condiciones históricas. Lo que muestra el relevamiento es que se profundizaron desigualdades ya existentes en cuestiones socioeconómicas, sanitarias, educativas y alimentarias, entre otras”, afirmó a la Agencia CTyS-UNLaM, Malena Castilla, becaria postdoctoral del CONICET e
investigadora de la Universidad de Buenos Aires, quien estuvo como integrante del
trabajo.
Julia Colla, becaria doctoral del CONICET y docente de la Universidad Nacional del Litoral, señaló por su parte que “problemáticas como la falta de agua potable, la disponibilidad de servicios básicos, el hacinamiento, la dificultad para acceder al tratamiento médico y situaciones de violencia son problemas estructurales que afectan a
casi todas las poblaciones indígenas”.
“Uno de los principales objetivos es sumar la participación de las comunidades en los Comités de Emergencia Sanitaria y Social en las provincias, municipios y barrios para que tengan una participación activa en las decisiones y haya medidas diferenciales respetando las particularidades de cada lugar”, agregó Colla.
“No se trata de pueblos vulnerables, sino de pueblos cuyos derechos han sido y continúan siendo vulnerados. Lleva a preguntarse por qué, cómo y por quién se produjeron estas acciones que derivaron en la situación que estamos observando” analizó Carolina Maidana, investigadora de la Universidad Nacional de La Plata.
Emergencias antes de la pandemia
Según manifiestan en el documento, estas condiciones de vulnerabilidad complejizan su situación ante la decisión del Gobierno Nacional de implementar el ASPO. “La falta de agua, por ejemplo, es una situación sumamente crítica. Muchas de las comunidades nopueden acceder al agua potable y consumen de fuentes contaminadas, con lo que tienen luego enfermedades digestivas.
En otros casos, el acceso al agua es por aljibes o canillas comunitarias, por lo que obtenerla implica romper el aislamiento”, señaló Castilla, quien trabaja con comunidades qom en Pampa del Indio, al norte del Chaco.
Norma Naharro, investigadora de la Universidad Nacional de Salta, agregó que, en esta provincia, “ya en enero se declaró la emergencia sociosanitaria por muerte por hambre, con integrantes de la comunidad wichi como víctimas y que hizo que se activara toda una serie de políticas públicas. Si partís desde esa base, la situación de cuarentena no hace más que complicar todo el escenario”. Actualmente, Salta cuenta con más de 300
comunidades indígenas, pertenecientes a 14 pueblos originarios diferentes.
Para Colla, por su parte, el escenario se complejiza con las dificultades para acceder al sistema sanitario: “En Chaco, hay pueblos donde ni siquiera hay médicos presentes de forma permanente. En lugares así, si se detectaran casos de coronavirus, la situación podría ser desastrosa”, alertó la investigadora, que trabaja con comunidades de Chaco.
En este sentido, a la dificultad para acceder a los servicios de salud se le agregan factores epidemiológicos de enfermedades anteriores. “Hay denuncias en Pampa del Indio y en el barrio de Gran Toba, en Resistencia, de que en el hospital y centros de salud ya no hay insumos ni medicamentos. Y a eso se le suma que se trata de pueblos
fumigados, con lo que muchos integrantes tienen enfermedades respiratorias que los dejan más expuestos ante el COVID-19”, remarcó Castilla.
Desconectados
La implementación del ASPO implicó clases a distancia en todos los niveles educativos, un fenómeno que, de acuerdo al informe, también supone un punto crítico para las comunidades originarias. “Hay muchas complicaciones a la hora de pensar la conectividad, porque no todos tienen las mismas posibilidades”, analizó Marcela Valdata, investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y directora del área de
Pueblos Originarios en la Municipalidad.
En su caso, por ejemplo, la académica cuenta que, si bien muchos estudiantes tienen teléfono celular, las instituciones envían el material por correo electrónico. “En ese caso, lo que hacemos es actuar de mediadores: nos mandan el mail a nosotros, quienes descargamos el material y se lo reenviamos por Whatsapp a las familias.
Pero son cuestiones que desde las instituciones no se tienen en cuenta”, remarcó Valdata, quien
trabaja con comunidades qom, mocoví, coya, quechua y mapuche, con un abordaje integral.
Naharro, por su parte, aportó en este sentido que, al no tener todas las comunidades los instrumentos o las herramientas necesarias para conectarse, se deben pensar alternativas válidas y eficaces. “Por ejemplo, considerar un sistema que combine el uso de cartillas impresas con clases difundidas por radio. En muchas zonas alejadas de los centros urbanos funcionan radios comunitarias a las que todas las familias tienen acceso.
Entonces, sería conveniente fortalecer esas emisoras que se mantienen gracias al trabajo voluntario”, amplió la docente e investigadora de la Escuela de Antropología de la UNSa.
Un contexto violento
El informe también alerta sobre la violencia ejercida sobre las comunidades originarias de parte de algunas instituciones. “A lo largo de este tiempo, nos hemos encontrado con muchas situaciones de violencia por parte de la policía. Generalmente trabajamos los casos con la Secretaría de Derechos Humanos, que, a su vez, articula con el Ministerio de Seguridad”, explicó Valdata.
“En Salta, el gobierno provincial sancionó, en el mes de abril, el DNU 255/2020, que crea un mecanismo por el cual queda en mano del Jefe/a de la policía provincial la facultad de detener, juzgar, sentenciar y aplicar penas de arresto a presuntos infractores.
Esto agravó situaciones de violencia basadas en el racismo que siempre son frecuentes” denunció Naharro.
La antropóloga agrega también que, incluso en época de ASPO, “hubo un caso de desalojo muy violento en Tartagal, en altas horas de la noche, con adultos y niños heridos. Y eso se dio incluso cuando está en vigencia la Ley 26.160”.
Maidana también observó este racismo y discriminación en sus trabajos con comunidades qom, guaraníes, mocovíes y tonocotés, en el área metropolitana de Buenos Aires. “Persiste esta idea de que Argentina desciende de los barcos y que ya no hay pueblos originarios. Hay reconocimientos legales y, al mismo tiempo, son privados de muchos de sus derechos”, alertó la investigadora de la UNLP.
Castilla y Colla, por su parte, agregan que las poblaciones rurales, al no poder ir al pueblo a abastecerse y ante la suba de precios, “salen a hacer sus prácticas históricas como la caza, la pesca y la recolección para alimentarse. Recientemente, un joven qom, en la provincia de Chaco, fue baleado por agentes de la Policía, por haber entrado a un lugar privado para cazar y poder comer”.
En los últimos meses en la zona del Gran Toba, en Resistencia, la discriminación y la violencia institucional han aumentado junto con los abusos policiales contra los pueblos indígenas. “En Fontana, localidad cercana a la ciudad capital, han torturado, abusado sexualmente y golpeado brutalmente a una familia qom. Estas acciones, ejercidas en la provincia no hacen más que profundizar los escenarios de vulneración y criminalización que sufren las comunidades”, denunció.
Una integración cultural
Para Maidana, uno de los aspectos claves en el proceso debe ser el de desarrollar políticas interculturales que permitan reconocer a los pueblos originarios como sujetos políticos y sociales. “Históricamente, se les ha negado el derecho a reflexionar sobre la situación que atraviesan o proponer herramientas para transformarla. Es central
recuperar los conocimientos y saberes para generar mecanismos de participación y prácticas interculturales”, analizó la investigadora de la UNLP.
En este sentido, Naharro señaló que es común que los funcionarios recurran al experto para que hable en nombre de las comunidades. “Esto refleja que, en algún punto, se inferioriza a los grupos indígenas inhabilitando sus saberes y su capacidad de acción política. Los antropólogos y antropólogas no somos intermediarios ni traductores.
Podemos aportar diversos tipos de análisis, pero no podemos reemplazar al sujeto político que es la comunidad”, aseveró la investigadora de la UNSA.
En el mismo sentido, Castilla remarcó la necesidad de generar políticas que “tiendan a visibilizar los conflictos y problemáticas que afectan a la población y, especialmente, teniendo en cuenta estas desigualdades históricas que se describen en el informe”. Para la investigadora de la UBA, además, “no es lo mismo para una población que fue históricamente criminalizada, que sus territorios han sido históricamente fumigados y
desmontados, pararse frente a una pandemia de este calibre”.
Colla, por su parte, subrayó la importancia de que las políticas públicas se tomen a partir de la situación general de los pueblos originarios. “El objetivo siempre es que las políticas públicas se adapten a sus estilos de vida y a las legislaciones existentes”, planteó la académica de la UNL.
Para Cadena Nueve, Agencia CTyS-UNLaM
Agencia MTR