La política del distrito vivió días turbulentos tras la controvertida suspensión de la concejal Inés Ormaechea, decisión que fue revertida por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, que falló a su favor destacando la arbitrariedad y la ilegalidad del procedimiento llevado adelante por el cuerpo legislativo local.
La medida, impuesta por mayoría en el Honorable Concejo Deliberante mediante la Resolución 2/24, fue duramente criticada desde su origen por su carácter infundado. Según el dictamen del Tribunal, la suspensión no se encuadra en ninguno de los supuestos legales previstos para tal fin y constituye un acto de evidente persecución política.
El pronunciamiento judicial fue contundente:
“La cesantía por inhabilidad o incompatibilidad debe estar debidamente fundada y no ser arbitraria, para evitar que se transforme en una herramienta de las circunstancias mayoritarias para eliminar o perseguir a opositores o adversarios”.
Además, el Tribunal dejó claro que no existió ninguna relación jurídica efectiva entre la empresa vinculada a la edil y la Municipalidad de 9 de Julio, invalidando así los argumentos que sustentaron su apartamiento del cargo.
“No se acredita la existencia de incompatibilidad funcional ni inhabilidad alguna. El convenio mencionado fue ratificado por Ordenanza y la concejal se abstuvo de votar en su tratamiento”, continúa el fallo.
La resolución judicial desarma así el andamiaje que intentó sostener una sanción sin base legal, y reestablece la institucionalidad en un cuerpo que, según señalaron desde varios sectores, “había perdido su carácter de honorable” al actuar por fuera del marco constitucional y normativo que lo rige.
La reincorporación de Ormaechea no solo repone derechos, sino que también sienta un precedente claro: ningún órgano deliberativo puede arrogarse facultades judiciales ni ejecutar sanciones al margen del debido proceso. En palabras del mismo fallo:
“El Concejo Deliberante no puede convertirse en un Poder Judicial paralelo”.
Con este dictamen, se abre un nuevo capítulo en la política local, donde el respeto por la ley y las garantías institucionales deben primar por sobre las coyunturas políticas. La figura de Inés Ormaechea se fortalece, no solo como representante electa, sino también como símbolo de la defensa de la legalidad frente a prácticas arbitrarias.
Agencia MTR