La obra social de los trabajadores rurales atraviesa una crisis sanitaria sin precedentes. UATRE acusa al interventor Marcelo Petroni de desviar fondos, suspender tratamientos críticos y violar normativas sanitarias. La denuncia también alcanza a funcionarios del Ministerio de Salud.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) presentó una denuncia judicial contra la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), en la que se detallan presuntas maniobras fraudulentas en el manejo de fondos, designaciones irregulares y un grave abandono de los afiliados que dependen de la atención médica.
Desde que el Gobierno Nacional designó en octubre de 2024 a Marcelo Petroni como interventor, UATRE asegura que se ha configurado un esquema de gestión arbitraria, caracterizado por pagos injustificados a laboratorios sin vínculo contractual y el incumplimiento de obligaciones con proveedores esenciales. Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, se transfirieron más de 500 millones de pesos a un laboratorio que, según la denuncia, ni siquiera provee medicamentos a los afiliados.
“Convirtieron a la obra social en un vehículo para hacer negocios con efectores de salud”, advierte el texto presentado por UATRE ante la justicia. Al mismo tiempo, se suspendieron pagos a droguerías que sí mantenían la provisión de tratamientos vitales, lo que provocó interrupciones en la atención de pacientes con enfermedades como cáncer, HIV y diabetes.
Las consecuencias de estas decisiones, calificados por la entidad sindical como “deliberadas y criminales”, ya habrían generado fallecimientos evitables. UATRE cita los casos de José Garavento y Marta Susana Morfil, cuyas muertes fueron denunciadas formalmente y están siendo investigadas por la justicia.
La situación se torna aún más crítica con la incorporación de 79 empleados administrativos, con sueldos que en enero de 2025 superaron los 370 millones de pesos. Este gasto contrasta fuertemente con la paralización de prestaciones médicas para los afiliados rurales, generando una avalancha de más de 60 amparos judiciales en ciudades como La Plata, Mar del Plata y Rosario.
Además, el gremio denuncia que el interventor ha ignorado resoluciones claves del Ministerio de Salud, como la Resolución 4912/24 y el Decreto 1045/2024, que establecen prioridades de pago para tratamientos activos y la prohibición de cancelar deudas sin auditorías previas.
La presentación judicial también apunta al ministro de Salud, Mario Lugones, y al superintendente de Servicios de Salud, Gabriel Oriolo, por presunto abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público, al no controlar ni frenar las presuntas irregularidades en curso.
La intervención de OSPRERA, dispuesta por la justicia en un proceso cuestionado por UATRE, ha estado envuelta en polémicas desde su inicio. No obstante, continúa vigente mientras miles de trabajadores rurales y sus familias enfrentan una crisis sanitaria que, según el gremio, “expone el colapso de un sistema que fue creado para cuidarlos y hoy los abandona”.
José Voytenco, secretario general de UATRE, exigió respuestas inmediatas del Estado: “No vamos a permitir que jueguen con la salud de nuestros compañeros. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para recuperar una obra social que ponga en el centro a los trabajadores y no a los negocios”.
Agencia MTR