Claudia Cochella, vecina del partido de Nueve de Julio, denunció que fue desalojada de la ex-estación ferroviaria Gallo Llorente del entonces ramal Ferrocarril Provincial de Buenos Aires —donde vivió con su familia durante más de tres décadas— tras la firma de una escritura por parte del ex-intendente Mariano Barroso, que cedió el predio a Santiago Gallo Llorente.
El 25 de marzo de 2024, luego de décadas de habitar y mantener ese predio —que siempre fue fiscal, según asegura— fue desalojada por orden judicial. Desde entonces, vive en una casilla prestada, con lo justo para subsistir y sin acceso a su hogar ni a los bienes que dejó dentro. “Si no fuera por el dueño de la estancia Las Acacias, estaría literalmente en la calle”, resume.
Una ocupación con historia
La historia comienza cuando su padre, jefe de la estación en los años 80, fue autorizado —según recuerda Claudia— por Santiago Gallo Llorente, descendiente de los antiguos propietarios de campos vecinos, a vivir con su familia en una de las casas auxiliares del predio. Su padre trabajaba en ‘La Catita’ campo ubicado cerca de La Niña de la familia Gallo Lloente.
“La casa estaba abandonada, la pusimos en condiciones con mis padres y mi hermano. Luego me mudé a un campo cerca de Lincoln, me casé, pero en 1994 volví con mi marido y mis hijos. Desde entonces no me moví más”, relata Cochella.
Durante años, trabajó la tierra, crió animales, arregló instalaciones, mantuvo alambrados, limpió la escuelita rural e incluso invirtió en mejoras. “Tuve gallinas, cerdos, ovejas, una pequeña quinta. Todo siempre con mucho esfuerzo y sin pedirle nada a nadie”, dice agregado que todo ello más de 230 años.
De tenencia precaria a desalojo
El conflicto estalla en 2023, cuando la Dirección de Recursos Inmobiliarios Fiscales de la Provincia le reconoce una tenencia precaria del predio y frena un primer intento de desalojo. “Me dijeron que eran tierras fiscales, que eran del Estado”, recuerda.
Pero pocos meses después, en octubre de ese mismo año, el entonces intendente de Nueve de Julio, Mariano Barroso, firma una escritura —emitida desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— que transfiere la estación Gallo Llorente a Santiago Gallo Llorente por un valor simbólico de 0,0015. Para Claudia, esa operación está plagada de irregularidades.
“La escritura no tiene validez. Fue firmada por una escribana nacional, cuando por jurisdicción debería haber intervenido la provincia de Buenos Aires. Además, el predio forma parte del antiguo trazado ferroviario provincial. Todo apunta a que fue una maniobra para sacarme del lugar”, denuncia.
“Me sacaron para romper todo”
Lo más doloroso, dice Claudia, no es solo haber perdido su hogar, sino ver el estado de abandono en que quedó el lugar que cuidó por más de 30 años. “Rompieron todo. La casa está destruida, los corrales abandonados, los animales que tenía ni sé dónde están. Lo único que pedí fue que me dejen seguir viviendo y cuidando lo que durante años mantuve sola”, cuenta con la voz entrecortada.
Este lunes, la justicia le restituirá algunos de los bienes que quedaron dentro de la casa, aunque no le permitirá volver a vivir allí. Mientras tanto, continúa su reclamo ante la UFI N°5 de Mercedes, donde presentó una denuncia para que se anule la escritura y se investigue la legalidad de la cesión del terreno.
“Yo no digo que la estación es mía. Pero sí digo que la cuidé, que me corresponde seguir ahí porque el Estado no puede regalar lo que es de todos. Se la dieron a un terrateniente con miles de hectáreas, mientras yo duermo en una casilla con un tanque de agua y un garrafón de gas”, lamenta.
El fondo del conflicto
El caso de Claudia Cochella pone sobre la mesa una problemática más profunda: ¿quién administra hoy los bienes del antiguo ferrocarril provincial? ¿Hasta qué punto los municipios pueden disponer sobre terrenos que formaban parte de la red estatal?
Según el marco legal vigente, muchos de estos bienes pasaron a la órbita de la Provincia y, en algunos casos, fueron cedidos a los municipios para uso comunitario o social. La venta o cesión definitiva, sin embargo, requiere procesos administrativos específicos y justificaciones de utilidad pública, algo que en este caso —según los documentos que trascendieron— no habría ocurrido.
“El espíritu original era que se entregaran para usos públicos, culturales, productivos. No para regalar a privados sin respaldo legal claro”, opinó una fuente ligada a la administración provincial.
Claudia sigue esperando una respuesta de la justicia. Mientras tanto, vive sola, con tres hijos ya grandes, uno de ellos detenido, y sin más recursos que su voluntad de no dejarse vencer. “Solo pido que me devuelvan la casa. No para hacer negocio. Para vivir. Para seguir cuidando ese lugar. Porque aunque no tenga el papel que me diga que es mío, esa fue mi casa. Y hoy está hecha un desastre”.
‘Solo pido vivir, donde lo hago desde más de 30 años’, reiteró, ‘ya que estoy en la calle’.
Agencia MTR