El Gobierno Nacional disolvió formalmente el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF), un instrumento creado con el fin de financiar la expansión del sistema de energía eléctrica de alta tensión en el país.
La resolución fue formalizada a través del Decreto 234/2025, que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. La decisión responde a irregularidades detectadas en auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía, las cuales evidenciaron fallas graves en la gestión y funcionamiento del fondo.
El origen del FFTEF
El FFTEF fue instaurado por la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura eléctrica, especialmente para la ampliación del sistema de transporte de energía de alta tensión. Para ello, se había implementado un recargo de 0,0006 pesos por kilovatio-hora (kWh) en las tarifas eléctricas. Este dinero estaba destinado, en teoría, a mejorar la interconexión de las distintas regiones eléctricas del país y satisfacer la creciente demanda de energía.
Irregularidades en la gestión
De acuerdo con el Decreto 234/2025, la disolución del FFTEF no implicará la eliminación del recargo en las tarifas eléctricas. En cambio, los fondos seguirán siendo dirigidos a proyectos de infraestructura identificados por la Secretaría de Energía. Sin embargo, el análisis de los informes de la SIGEN y la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Economía reveló una serie de problemas en la administración del fondo.
Entre las principales irregularidades detectadas, se destacan:
Falta de manuales y procedimientos internos: La administración del fondo carecía de una normativa adecuada para su gestión. No existían manuales o instrucciones claras sobre su funcionamiento, lo que derivó en una gestión ineficiente.
Incumplimiento del reglamento de contrataciones: Se constató que no se cumplían las normativas establecidas en el “Reglamento de Contrataciones CAF”, lo que dejó espacio a posibles malas prácticas administrativas.
Falta de sistema de gestión informatizado: Las operaciones del fondo no se registraban de manera adecuada debido a la ausencia de un sistema informático, lo que dificultaba el control y la transparencia.
Retrasos y sobrecostos en proyectos: La ejecución de las obras financiadas por el fondo sufrió constantes demoras, lo que derivó en aumentos en los costos de los proyectos. Se registraron hasta 47 reajustes de precios en una misma obra.
Crecimiento desmedido del personal: La dotación de personal del fondo aumentó de manera desmesurada, pasando de 9 empleados en enero de 2023 a 45 en diciembre del mismo año, lo que va en contra de las normativas que establecen que los fondos fiduciarios públicos no deben contar con personal permanente o temporal.
Gastos no relacionados con los objetivos: También se señalaron gastos fuera de lugar, como la contratación de servicios gastronómicos para eventos internos y el financiamiento de actividades administrativas no vinculadas a los proyectos de infraestructura del fondo.
Reasignación de recursos y nuevos objetivos
Con la disolución del FFTEF, los activos financieros del fondo, que incluyen sumas líquidas y títulos públicos, serán transferidos a la Secretaría de Energía, que continuará con la ejecución de los proyectos en curso. La administración de los recursos destinados al transporte eléctrico pasará ahora a ser gestionada directamente por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que se encargará de la supervisión técnica de las obras y la documentación correspondiente.
El Decreto 234/2025 también introduce cambios en la distribución de los recursos del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica. A partir de ahora, el 60% de los fondos recaudados se destinará a subsidios para compensar las tarifas eléctricas regionales para los usuarios finales, mientras que el 40% restante será asignado al Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior.
Repercusiones políticas y económicas
La disolución del FFTEF ha generado diversos debates en el ámbito político y económico. Algunos sectores elogian la decisión como un paso hacia una mayor transparencia y eficiencia en la administración de los recursos públicos. Sin embargo, otros advierten que esta medida podría generar un impacto en la financiación de los proyectos de infraestructura eléctrica, que son clave para el desarrollo del sistema energético nacional.
El futuro de la política energética dependerá, en gran medida, de la efectividad de la nueva estructura administrativa y de cómo se gestionen los recursos destinados a la mejora del sistema eléctrico en las distintas regiones del país.
La Secretaría de Energía se encuentra ahora ante el desafío de demostrar que puede optimizar el uso de estos fondos y garantizar que los proyectos de expansión del sistema de energía eléctrica sigan adelante sin nuevas demoras ni sobrecostos.
Agencia MTR