Este jueves se llevó a cabo una sesión especial en el Concejo Deliberante, convocada para tratar los expedientes 058/2025, 059/2025 y 060/2025. Esta reunión se centró en el análisis del caso relacionado con el proyecto socio-productivo de San Cayetano, impulsado por la intendenta María José Gentile.
La sesión tuvo como principales expositores a los referentes de los espacios políticos representados en el Concejo Deliberante.
El concejal Luis Moos, de La Libertad Avanza, abrió el debate recordando el contexto histórico que ha marcado esta situación. Hizo referencia a sus largos años de experiencia en el Concejo y destacó cómo la historia ha sido testigo de momentos difíciles, pero también de la necesidad de aprender de los errores para evitar que se repitan. En ese sentido, criticó abiertamente la falta de claridad en los procesos administrativos de la municipalidad y el manejo de convenios, particularmente con la empresa Nandi.
Relató los hechos y leyó del expediente el dictamen de la Comisión investigadora.
A lo largo de su intervención, Moos hizo hincapié en la importancia de garantizar la transparencia en la gestión pública y recordó que los concejales tienen la responsabilidad de ejercer el control sobre el ejecutivo municipal, sin que existan grises en cuanto a lo que es correcto o incorrecto. También pidió que este tipo de situaciones no se repitieran en el futuro y que los próximos concejales tomen lecciones de este caso.
En este contexto, seguidamente, César García, presidente del bloque PRO, se refirió de manera crítica a los procesos internos y las irregularidades en la conformación de la comisión investigadora. Según García, la creación de la comisión había violado varios requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica Municipal, particularmente el artículo 249. García mencionó que los plazos para la investigación no se cumplieron, lo que generó dudas sobre la legalidad del dictamen emitido por la comisión.
En su discurso, García detalló que la comisión se constituyó de manera apresurada, sin especificar las conductas graves que justificaran su creación ni los hechos concretos que afectaran al municipio. Además, subrayó que la investigación había excedido los plazos estipulados por la ley, sin que se contara con una prórroga legalmente válida. En cuanto a la empresa Nandi, mencionó que la misma había reconocido su responsabilidad y se había puesto a disposición para cualquier resarcimiento, aclarando que no existía dolo ni intención maliciosa en sus acciones. “Lo que tenemos que hacer es esperar cómo se resuelve el expediente sumarial que lleva adelante el Ejecutivo”, expresó García, insistiendo en que el trabajo de la comisión no debía continuar sin un fundamento legal sólido.
Por su parte, la concejal Crespo, en su intervención, acusó a la administración municipal de no haber escuchado las preocupaciones del Concejo Deliberante y de actuar de manera opaca en torno al caso. Señaló que desde el inicio de la discusión sobre el acuerdo con Nandi, había cuestionado el uso del espacio público en San Cayetano sin una respuesta clara sobre la finalidad de la instalación de la empresa en el edificio municipal. La concejal también destacó que el acuerdo había sido aprobado sin el consentimiento del Concejo Deliberante, violando lo estipulado en la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Crespo mencionó que las dudas sobre el uso de los fondos públicos destinados a la refacción de San Cayetano, espacio que originalmente había sido destinado a la educación con fondos del Fondo Nacional Educativo, eran legítimas. La concejal también hizo referencia a la falta de explicación sobre el alquiler que la empresa debería pagar por el uso de ese espacio, un tema que había sido mencionado en las reuniones previas, pero que nunca fue aclarado.
Al igual que García, Crespo criticó la falta de transparencia y los plazos incumplidos, aunque se mostró decidida a seguir investigando el caso. La concejal expresó que su conciencia estaba tranquila por haber actuado correctamente al denunciar el uso no autorizado del edificio público y la falta de control del Ejecutivo sobre el proceso. “Cuando me enteré que el San Cayetano estaba siendo utilizado sin autorización, lo primero que hice fue hablar con la intendenta. No puede ser que no supiera nada de esto”, enfatizó.
A lo largo de la sesión, se discutió ampliamente el caso de Nandi y la utilización del espacio en San Cayetano, con un fuerte componente mediático que ha rodeado al tema en las últimas semanas. Ambos bloques, tanto el PRO como el oficialismo, coincidieron en que este episodio se había convertido en un tema político más que en una cuestión técnica y legal.
César García también aprovechó para criticar lo que consideró un enfoque “persecutorio” del caso, sugiriendo que algunos sectores buscaban forzar interpretaciones y sembrar dudas sin pruebas claras. Para el presidente del bloque PRO, este tipo de debates no ayudaba a esclarecer los hechos y solo alimentaba la desconfianza.
Lugo, Ignacio Nacho Palacio, UCR también insistió en las irregularidades y cuestionó la falta de transparencia en torno a los términos del acuerdo. A pesar de que se había mencionado que la empresa traería cursos y actividades productivas al municipio, los detalles del convenio nunca quedaron claros. “No sabíamos por qué se firmaba este convenio ni cuáles eran los beneficios concretos para 9 de Julio. No hay contraprestación económica ni una justificación sólida para el uso del espacio público”, manifestó en concordancia con Julia Crespo.
Finalmente, el concejal García propuso que la votación de los dictámenes fuera nominal, dada la relevancia de las denuncias penales que se habían discutido, lo que fue aprobado por unanimidad. Las mociones fueron sometidas a votación y los resultados mostraron una clara división entre los concejales, con tres votos por la afirmativa y 14 por la negativa, lo que llevó a la no aprobación del dictamen. A pesar de la postura de rechazo, se acordó enviar las denuncias al Tribunal de Cuentas y dar parte a la justicia ordinaria.
Con respecto a la resolución final, se aprobó un llamado de atención a la intendenta, María José Gentile, por los incumplimientos detectados en los procedimientos administrativos, así como la instrucción al presidente del Concejo Deliberante para que, en un plazo de 48 horas, radique la denuncia penal correspondiente.
Además, se dispuso la suspensión por tiempo indeterminado de María Inés Ormaechea, hasta tanto la Asesoría general de Gobierno y el Tribunal de Cuentas de la provincia resuelva si hay o no incompatibilidad.
Las imágenes de la sesión competa son parte de este informe.
Agencia MTR