El Gobierno nacional ha confirmado el cierre y la fusión de diversas sedes de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General Impositiva (DGI), tanto en el interior del país como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Esta medida, que responde a una reestructuración del sector público y a la eliminación de más de 695 cargos en la DGI, ha desatado una ola de incertidumbre entre los trabajadores y los contribuyentes que deberán reorientar sus trámites a nuevas oficinas.
La decisión oficial, representa un recorte del 27% de la estructura de la DGI. A partir de este recorte, se procederá al cierre de varias oficinas de ARCA ubicadas principalmente en la provincia de Buenos Aires, en municipios como Bragado, San Nicolás, San Pedro y Chivilcoy. Estas sedes, que deberán cerrar en un plazo de 45 días, afectarán directamente a decenas de trabajadores y millas de contribuyentes que, a partir de ahora, deberán trasladarse a otras oficinas regionales para realizar sus trámites. En el caso de las ciudades mencionadas, los contribuyentes deberán dirigirse a las sedes regionales de Mercedes o Junín.
En la sede de San Nicolás, que cuenta con 35 empleados, el futuro aún es incierto, aunque se especula que las funciones y la atención pasarán a depender de la sede de Zárate. La sede de Chivilcoy, por su parte, continuará operando en su edificio físico, pero dejará de funcionar como distrito de ARCA, y los 30 empleados afectados verán sus situaciones resueltas en los próximos 45 días. En el caso de Bragado, donde 8 trabajadores perderán sus puestos, y San Pedro, el personal también será absorbido por las sedes de Mercedes o Junín.
Además de los cierres en el interior del país, la medida también afecta a varias oficinas de la DGI y ARCA en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las sedes que serán cerradas o fusionadas se encuentra la agencia ubicada en la intersección de Avda Rivadavia y Larrea, una de las más emblemáticas de la capital. Las oficinas de CABA, en su mayoría, serán centralizadas en edificios estatales ya existentes, lo que provocará un importante cambio logístico tanto para los empleados como para los contribuyentes, quienes deberán adaptarse a nuevas ubicaciones para realizar sus gestiones.
Este proceso de fusión y cierre de oficinas, que también afecta a otras localidades de la provincia de Buenos Aires como Bolívar, que pasará a depender de Pehuajó, que alcanza Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pellegrini, Tres Lomas, Trenque Lauquen y Daireaux tiene como objetivo reducir el gasto público y optimizar los recursos. Sin embargo, los sindicatos y organizaciones laborales han expresado su rotundo rechazo a la medida, alegando que no se han tenido en cuenta las consecuencias sociales y laborales de la misma. En localidades como Navarro, la oposición ha sido especialmente fuerte, ya que los habitantes de esta ciudad temen que el cierre de la oficina local de ARCA perjudique gravemente la atención a los contribuyentes y afecta los puestos de trabajo locales. Nueve de Julio no está, por ahora en la nomina de cierres.
Los trabajadores de ARCA que se encuentran en estado de alerta, han organizado protestas y movilizaciones en defensa de sus empleos y en rechazo a lo que consideran un ajuste indiscriminado que perjudica a las localidades más pequeñas y al funcionamiento de la administración pública en el interior. A pesar de que el Gobierno ha asegurado que los trabajadores serán reubicados en otras sedes, la falta de información clara sobre los detalles de la reestructuración ha aumentado la incertidumbre y las tensiones entre los empleados públicos.
En cuanto a los contribuyentes, la medida implica un desafío logístico, ya que muchos de ellos deberán recorrer distancias más largas y asumir costos adicionales para poder realizar trámites que antes podían resolver en sus localidades. En ciudades como San Nicolás, donde el cierre de la sede de ARCA afecta a miles de personas, se ha generado una sensación de desconcierto, ya que los vecinos no entienden cómo esta reestructuración beneficiará a la comunidad, considerando que la atención al público podría verse afectada por la sobrecarga en las oficinas regionales.
Si bien el Gobierno justifica la medida como parte de un proceso de modernización y simplificación de la administración pública, los trabajadores y contribuyentes consideran que, lejos de mejorar el servicio, la medida solo agrava las condiciones de atención y afecta de manera negativa la estabilidad laboral de cientos de empleados públicos.
En este contexto, se espera que en las próximas semanas se intensifiquen las manifestaciones y que los sindicatos continúen exigiendo al Gobierno la reconsideración de los cierres y fusiones de las sedes. Mientras tanto, los trabajadores afectados y los contribuyentes deberán adaptarse a los cambios impositivos por esta reestructuración, con la esperanza de que, en el futuro, las medidas no perjudiquen más la calidad de los servicios públicos en las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos.
Este proceso de ajustes en la DGI y ARCA pone de manifiesto la creciente brecha entre las necesidades del interior del país y las decisiones tomadas desde los centros de poder político, una distancia que se profundiza con cada recorte y cierre de oficinas, afectando a millas de personas que, lejos de las grandes ciudades, dependen de estas instituciones para cuestiones cotidianas.
Agencia MTR