Reducción del personal del Sector Público Nacional

En el marco de la reestructuración y el ajuste fiscal impulsado por el gobierno, el Sector Público Nacional ha experimentado una drástica reducción en su dotación de personal, lo que ha generado preocupación tanto en los trabajadores del Estado como en los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre noviembre de 2023 y enero de 2025, se han eliminado 43.778 puestos de trabajo en distintas dependencias y empresas públicas, lo que representa una caída del 12,8% en la plantilla total del sector público. Lo señala un informe del Centro de Economía Política Argentina – CEPA –

El impacto de los recortes

El listado de entidades afectadas es amplio e incluye organismos estratégicos, empresas estatales clave, y servicios sociales esenciales para la población. Los datos muestran que el Correo Argentino lidera el ranking de recortes con una baja de 4.705 empleos, una cifra significativa que deja en evidencia el impacto del ajuste en empresas públicas que dependen del Estado para funcionar.

Le sigue ARCA, la ex AFIP, con la eliminación de 1.694 puestos de trabajo, una medida que afecta directamente la capacidad del organismo encargado de la recaudación fiscal y la fiscalización tributaria, áreas vitales para el sostenimiento del sistema económico del país.

Las medidas también impactan en sectores estratégicos para la conectividad y la movilidad, como Aerolíneas Argentinas, que vio disminuir su personal en 1.558 puestos; AySA, que perdió 1.463 trabajadores, y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que prescindió de 1.333 empleados.

En total, son diversas las instituciones que han experimentado este desajuste en sus plantillas. Conicet se resintió con la pérdida de 1.422 puestos, lo que plantea una amenaza para la investigación y el desarrollo científico en el país. ANSES, la institución encargada de la gestión de las prestaciones sociales, sufrió una baja de 1.272 empleos, una decisión que podría poner en riesgo el acceso a diversos beneficios sociales fundamentales para millones de argentinos.

Los casos más alarmantes

Algunos de los recortes son aún más significativos en términos porcentuales, como el caso de Desarrollo de Capital Humano Ferroviario, que vio reducir su dotación de personal en un asombroso 99,7%, una decisión que podría anticipar el fin de una política de desarrollo y expansión del sistema ferroviario estatal. El recorte en este caso, que prácticamente liquida la entidad, es un ejemplo claro del viraje hacia un modelo más privatizado y menos dependiente de los recursos públicos.

Otro caso que resalta por su implicancia social es el del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que sufrió una reducción de personal del 60%. Este organismo tiene un rol clave en la implementación de políticas sociales en el país, por lo que su debilitamiento podría repercutir en la atención y asistencia a los sectores más vulnerables.

El sector salud también ha sido fuertemente golpeado, con la disminución del 52% en la dotación de personal del Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte. La comunidad del hospital se encuentra movilizada en rechazo a la medida, que pone en peligro la calidad de los servicios de salud mental y adicciones en un contexto de creciente demanda por estos tratamientos.

Un ajuste a favor del “reducido” Estado

Los recortes de personal, según analizan especialistas, son parte de una política explícita del gobierno para reducir el tamaño del Estado, siguiendo una línea de pensamiento “libertaria” que promueve una menor intervención del sector público en la economía y en la provisión de servicios esenciales. Esta estrategia no solo tiene como objetivo reducir el gasto público, sino también limitar la capacidad del Estado para regular y gestionar diversos sectores, con un claro sesgo hacia la privatización y la tercerización de servicios.

A pesar de los argumentos oficiales que sostienen que estos recortes son necesarios para optimizar la administración pública y reducir el déficit fiscal, las consecuencias de estas medidas ya comienzan a sentirse en áreas críticas como la salud, la ciencia, la educación y la seguridad social. En un país como Argentina, donde los servicios públicos son vitales para el bienestar de millones de personas, la reducción de personal en sectores clave representa una apuesta riesgosa, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Conclusión

Este proceso de recorte de personal es un reflejo de las políticas de ajuste que están marcando la gestión del gobierno actual, y que podrían tener un impacto de largo plazo en la calidad de los servicios públicos y en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales a la ciudadanía. La reducción del tamaño del Estado, que se presenta como una solución a los problemas fiscales, pone en jaque a instituciones que históricamente han sido pilares de la estructura estatal y que hoy ven amenazada su capacidad para cumplir con su misión.

En el futuro cercano, los argentinos tendrán que evaluar si estos ajustes resultan en una administración más eficiente, o si, por el contrario, el desmantelamiento de organismos clave terminará afectando de manera irreversible la calidad de vida de millones de ciudadanos que dependen de los servicios públicos para acceder a la salud, la educación y la seguridad social. La pregunta es: ¿hasta qué punto el sacrificio de estos empleos será justificable para el bienestar de la sociedad en su conjunto?