El juicio oral contra tres ex-directivos de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” de Nueve de Julio, imputados por fraude a la administración pública, se llevará a cabo finalmente en junio de 2026, luego de que se reprogramara la fecha original prevista para este mes de febrero. El nuevo defensor de los imputados solicitó un aplazamiento del juicio, argumentando que necesitaba tiempo para estudiar la causa, tras haber asumido recientemente como representante legal de los acusados. La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Sala I de Mercedes aprobó este pedido y fijó las nuevas audiencias para los días 8, 10 y 12 de junio de 2026, siendo en esta última fecha cuando se conocerá la sentencia.
Los tres imputados, Omar Malondra, Carmen Castagnino y Alfredo Poggi, quienes en su momento ocuparon los cargos de Presidente, Secretaria y Tesorero del Consejo de Administración de la cooperativa, son acusados de un fraude relacionado con la emisión irregular de tres cheques por un total de $5.598.000, fondos que fueron otorgados por el municipio de Nueve de Julio bajo el plan nacional “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”. El objetivo de estos fondos era la compra de luminarias LED para el alumbrado público de la ciudad, pero los cheques fueron emitidos sin los requisitos legales establecidos por el Banco Central de la República Argentina, lo que permitió su libre disposición y el dinero, en tres partes, nunca se supo donde fueron si bien se ha acreditado que una parte fue para la CEyS, otra para la Comuna y una tercera para la cartera del entonces Ministro Julio De Vido.
La fiscalía sostiene que los ex directivos actuaron de manera dolosa para eludir los controles internos de la cooperativa y facilitar el desvío de los fondos públicos. Los cheques, que debían haber sido depositados en las cuentas correspondientes, fueron cobrados por la financiera Recaudadora Centenario SA, sin que los fondos llegaran a ser utilizados para el fin previsto. La falta de un contrato con la empresa Sutec SA, la falta de acreditación del cobro y la ausencia de documentación que respalde el uso de los fondos conforme al objetivo dispuesto han sido señaladas como esenciales en la investigación para acreditar el delito que se imputa.
En cuanto a la defensa, la abogada de los imputados, solicitó en un principio el sobreseimiento de los acusados, argumentando que la maniobra fraudulenta solo habría perjudicado a la cooperativa y no a la administración pública. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por la Cámara, que ratificó el pedido de elevación a juicio oral. Además, cabe destacar que la abogada defensora, quien se recientemente dejó el ejercicio de la abogacía para matricularse como Escribana, al no continuar con la defensa, lo que obligó a los acusados a contratar a un nuevo defensor que, a su vez, solicitó el aplazamiento del juicio para estudiar el caso con más profundidad.
La respuesta fue que la nueva fecha será la primera quincena de junio 2026.
Agencia MTR