Carlos Cadoppi Frigerio, miembro activo del Comité Nacional en Defensa de los Usuarios Viales, presentó un amparo judicial contra el actual sistema de peajes y el destino de los fondos provenientes de los combustibles en Argentina. Este amparo se fundamenta en las crecientes quejas de los ciudadanos y sectores productivos que ven con preocupación cómo la recaudación no se destina adecuadamente a la mejora de la infraestructura vial del país, afectando gravemente tanto la seguridad como la comunicación de rutas.
El contexto detrás del amparo
El principal motor detrás de este amparo es la falta de inversión efectiva en las rutas nacionales y provinciales, a pesar de la considerable cantidad de dinero que se recauda a través de los impuestos y los impuestos sobre los combustibles. Cadoppi Frigerio argumentó en ‘Despertate’ por cadena Nueve y Máxima 89.9 que los fondos recaudados a través de estos conceptos no se están utilizando para mejorar las rutas ni para garantizar la seguridad vial, lo que provoca un deterioro constante de la infraestructura, incrementando el riesgo de accidentes y afectado la economía, especialmente la producción y el comercio de las regiones más alejadas de los grandes.
“Lo que está pasando en Argentina con las rutas es insostenible. El dinero que se recauda de los combustibles y los pesajes debería destinarse directamente al mantenimiento y la construcción de las rutas, y no está ocurriendo de esa manera. En lugar de eso, tenemos una doble imposición: nos están cobrando pesos y, al mismo tiempo, seguimos pagando por los combustibles, pero no vemos ningún tipo de mejora sustancial en la infraestructura vial”, señaló Cadoppi Frigerio.
El impacto de los peajes sobre la economía y la seguridad.
Uno de los puntos más críticos en el planteamiento del actor del amparo es el impacto económico que tiene el cobro de pesares y la falta de mantenimiento adecuado de las rutas en los costos de producción y en el acceso a productos en las provincias. Según el defensor de los usuarios viales, los costos adicionales derivados de las mercancías encarecen considerablemente los productos que deben transportarse a lo largo del país, afectando principalmente a los pequeños productores ya las localidades más alejadas de los grandes centros urbanos.
“Cada vez que tenemos que transportar mercancías, el costo se incrementa por los pesos y la falta de infraestructura adecuada. Esto impacta directamente en los precios de los productos y hace que la producción argentina se vuelva menos competitiva en los mercados internacionales”, explicó Cadoppi Frigerio.
Además, subrayó el aumento de accidentes y muertes en las rutas debido a la mala calidad de las mismas. La falta de mantenimiento, la señalización inadecuada y la deficiente seguridad vial son responsables de tragedias evitables. “Hay rutas en las que la señalización no está clara o donde la pavimentación es pésima, lo que genera condiciones de alta peligrosidad para los conductores. En muchos casos, las rutas parecen estar abandonadas, y las estadísticas de accidentes son alarmantes”, agregó el dirigente
La falta de transparencia en la gestión de los fondos.
Cadoppi Frigerio también ha señalado que el manejo de los fondos recaudados a través de los pajes y los impuestos al combustible carece de transparencia. Los usuarios viales reclaman una rendición de cuentas clara sobre el destino de ese dinero, que debería ser invertida en la mejora de las rutas y en la seguridad vial. Sin embargo, muchos de los proyectos de infraestructura parecen carecer de avances significativos, a pesar de la creciente demanda.
“El dinero que recaudan de los combustibles no se está invirtiendo como debería, ya que corresponde destinarse exclusivamente a la construcción y el mantenimiento de las rutas. Pero lo que vemos es que no hay un plan claro, y muchos proyectos no se llevan a cabo o se ejecutan de manera definitiva.
Propuestas y soluciones al sistema vial
Carlos Cadoppi Frigerio no solo cuestiona el sistema actual, sino que también propone alternativas que, en su opinión, podrían mejorar la situación. En primer lugar, propone que los fondos recaudados por los combustibles sean destinados de manera exclusiva y transparente al mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales y provinciales. Este dinero no debería ser desviado a otros fines y debería ser gestionado bajo un esquema de rendición de cuentas.
El impulsor de la acción judicial también hizo un llamado a la creación de un programa nacional de integración vial, que tiene como objetivo mejorar la conectividad entre las distintas regiones del país. Este programa debería incluir no solo la construcción de nuevas rutas, sino también la mejora de las existentes, con una planificación que permita que todas las regiones del país estén conectadas de manera articulada e integral.
Un sistema vial justo y accesible.
El amparo presentado por Cadoppi Frigerio se presenta como un reclamo justo de los usuarios viales, quienes se sienten víctimas de un sistema de recaudación que no les beneficia directamente. A través de este amparo, se busca que los fondos recaudados por los combustibles y los pesajes se utilicen para el fin específico para el cual fueron creados: mejorar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los conductores.
El Comité Nacional en Defensa de los Usuarios Viales, al cual pertenece el accionante, aunque lo hace a título personal, respalda este reclamo y considera que la única manera de mejorar la situación es a través de un cambio en la política de recaudación y distribución de los fondos viales, con un enfoque más transparente y eficiente.
A medida que se espera una resolución judicial sobre este amparo, las expectativas de los usuarios viales son altas. Si la justicia fallara a favor del amparo, podría marcar un precedente importante para el futuro de la gestión vial en Argentina. Sería un paso hacia la transparencia en el uso de los fondos públicos y hacia una política más eficiente que beneficie a los usuarios de las rutas, las provincias y la economía en
El amparo de Carlos Cadoppi Frigerio se presenta como un reclamo en defensa de la seguridad vial, la competitividad de la producción nacional y la equidad en la distribución de los recursos públicos.