El Gobierno nacional oficializó la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, que dependía del Ministerio de Economía a través del decreto 70/2025, el mismo de la Ley Bases del 2024. La cartera de Luis Caputo quedó conformada por 14 secretarías y 31 subsecretarías.
Según el decreto, esta decisión responde a la convicción de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia.
La mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución, los principales son los de Procrear y el FISU, de integración urbana.
Con esta medida, la gestión de los programas y proyectos de esta área, como Casa Propia, pasará a la Secretaría de Obras Públicas, que tendrá como misión dar cierre a las acciones en curso para que las viviendas pasen a ser pura exclusividad de gobiernos provinciales y municipales.
Con la eliminación de la secretaría, el Gobierno readecuó los objetivos de varias dependencias. En este contexto, la Secretaría de Obras Públicas será la encargada de gestionar la finalización, cierre y transferencia de programas y proyectos en materia de desarrollo territorial, hábitat y vivienda; coordinar con provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el relevamiento de suelos vacantes o disponibles y celebrar convenios con gobiernos provinciales, municipales y entidades privadas para finalizar y transferir proyectos de vivienda.
En noviembre del año pasado, el Ejecutivo ya había eliminado el fondo fiduciario del Procrear, creado en 2012, mediante el decreto 1018/2024. En la práctica, el Gobierno igualmente no se estaba haciendo cargo de las obras de vivienda. A mitad de octubre, un informe de CEPA reflejaba que las obras en educación (-98%) y vivienda (-93%) están prácticamente paralizadas.
Desde los gremios advierten que el fin de las políticas nacionales de vivienda podría derivar en el despido de alrededor de 500 trabajadores. El decreto aclara que aquellos empleados de planta permanente quedarán sujetos a lo dispuesto en la normativa vigente (decreto 1421/02).
Todo esto sucede mientras aumenta la población en vulnerabilidad, los asentamientos precarios y la crisis habitacional, entre alquileres imposibles, sueldos bajos y falta de acceso a créditos.
Agencia MTR