El posible cierre de la Defensoría del Público pone en peligro el empleo de 140 familias, mientras la violencia mediática y social sigue en aumento sin que el Estado tome medidas efectivas para resguardarla. La reciente intervención de Soher El Sukaria modificó el estatuto del organismo sin pasar por la participación de la bicameral ni de otros entes que legitimen el cambio. Este nombramiento, realizado por acto administrativo desde el Ejecutivo, es cuestionado por su ilegitimidad, ya que la Defensoría pertenece al poder legislativo y no debería estar bajo influencia del poder ejecutivo.
En este contexto, se llevó a cabo una reestructuración de la planta del organismo, eliminando áreas clave como las que tienen capacidad de sanción, las de capacitación, las de protección de derechos y las pedagógicas. Actualmente, solo permanecen en funcionamiento las áreas encargadas de la toma de denuncias e informes, sin facultades para actuar de manera efectiva. Este cambio ha dejado a la Defensoría con una capacidad de intervención nula, lo que podría poner fin a un organismo que, aunque carece de poder sancionador, ha sido clave en la mejora de la comunicación en Argentina a través de recomendaciones e investigaciones.
En total, son 140 trabajadores que enfrentan la incertidumbre de perder su empleo si se lleva a cabo el cierre definitivo del organismo. A pesar de que las autoridades gubernamentales notificaron el pase a disposición de 40 empleados que formaban parte de la planta permanente, quienes trabajaron hasta el mes pasado en la Defensoría aseguran que, según el reglamento, deberían ser reubicados en el Congreso Nacional en caso de que la entidad cierre.
La Defensoría del Público, nacida de años de foros organizados por universidades públicas y medios de comunicación, ha sido un ejemplo a nivel internacional por su compromiso con la escucha activa de las audiencias y la defensa de sus derechos. A través de audiencias públicas realizadas en todo el país, la Defensoría ha producido documentos clave que han contribuido a la evolución cultural, promoviendo una sociedad más pacífica y democrática. En el mundo, otros países han seguido su ejemplo, creando defensorías que permiten transformar la manera en que se comunican los medios.
El cierre de este organismo supone un golpe a años de trabajo por una comunicación más inclusiva y equitativa, destruyendo lo que representaba un sueño democrático en Argentina. La mentira y la violencia se han utilizado como herramientas para desmantelar lo que fue, en su momento, un faro de esperanza. Este es un duro golpe a los derechos obtenidos por la sociedad, y un ataque a las utopías democráticas que daban lugar a la creación de espacios de defensa del derecho a la comunicación.
En un contexto de creciente violencia mediática, la desaparición de la Defensoría deja un vacío en la protección de los derechos de las audiencias. La pregunta que queda es: ¿Quién garantizará que se respeten derechos fundamentales como el horario de protección al menor? ¿Cómo podrán las audiencias denunciar la violencia dirigida a diversos sectores sociales por parte de los medios, sin una entidad que las respalde?
Agencia MTR