Por undécima vez consecutiva, la Resolución 246, firmada en 2018 por el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires, ha sido prorrogada. Esta resolución, que busca regular el uso de agroquímicos en el ámbito rural, aún no ha sido implementada plenamente. A siete años de su promulgación, su entrada en vigor sigue posponiéndose, y la idea del gobierno provincial es regular su aplicación.
La nueva prórroga quedó oficialmente establecida en el Boletín Oficial de este martes, con la firma del actual Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, quien decidió extender la suspensión de la normativa por un período de 210 días, a partir del 8 de enero de 2025. Así, la medida sigue aplazando su implementación.
Motivos de la prórroga
Según las autoridades provinciales, la decisión de suspender nuevamente la entrada en vigencia de la normativa se basa en la necesidad de continuar con la adecuación de las herramientas propuestas para regular el uso de agroquímicos. Estas herramientas, que incluyen la receta agronómica obligatoria y el proyecto de georreferenciación de las restricciones territoriales, requieren ajustes adicionales. Dichas modificaciones están siendo consensuadas con diversos actores involucrados en el tema, especialmente aquellos pertenecientes al Observatorio Técnico de Agroquímicos.
Además, un argumento clave que ha influido en la prórroga es el hecho de que la Cámara de Diputados bonaerense ha tomado estado parlamentario un proyecto de ley que busca regular de manera definitiva “la gestión, aplicación y el uso de productos fitosanitarios en la producción agropecuaria y agroindustrial”. Este proyecto de ley está siendo discutido como una alternativa para abordar la regulación de los agroquímicos de manera más estructural y menos dispersa que las normativas actuales.
El gobierno provincial ha mostrado su preferencia por regular esta cuestión a través de una ley debatida en la Legislatura bonaerense. En ese sentido, a principios de diciembre de 2024, se llevó a cabo una reunión con autoridades de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
Los dirigentes rurales se muestran de acuerdo con avanzar en ese sentido, sobre todo porque hoy en día se regula con “más de 90 ordenanzas” que tienen diferentes criterios de un municipio a otro. “Hay una necesidad tanto de los productores como del Estado de ordenar la discusión”, sostuvo Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP.
Nueve de Julio es un caso, ya que una ordenanza que establece 400 mts, como zona de cuidado y protección tuvo una impugnación por fallo judicial para que se extienda hasta 1000mts.
La pregunta sobre si esta será la última prórroga sigue siendo incierta. Si bien la voluntad de avanzar hacia una regulación definitiva mediante una ley parece firme, la implementación de las herramientas necesarias y el consenso entre los diferentes actores involucrados son factores claves que podrían seguir retrasando el proceso. La situación plantea un desafío para la Provincia, que busca equilibrar las necesidades de los productores con la protección del medio ambiente.
Agencia MTR