El cuarto gran cáncer que afecta a la Argentina es el creciente irrespeto hacia la Constitución Nacional, las instituciones republicanas y la división de poderes. Este fenómeno no es nuevo, pero se ha profundizado con el tiempo, transformándose en una amenaza concreta para el sistema democrático. En su núcleo, reside un anhelo por concentrar el poder, debilitando los contrapesos institucionales y allanando el camino hacia formas de autocracia que son incompatibles con los valores republicanos.
La Constitución Nacional no es simplemente un conjunto de normas; es el pacto fundamental que organiza nuestra vida en sociedad. Representa el compromiso de garantizar derechos, establecer límites al poder y promover la igualdad ante la ley. Sin embargo, su violación sistemática por parte de quienes deberían protegerla erosiona la confianza en el sistema y siembra un peligroso precedente: la idea de que el poder está por encima de las normas.
Cuando los poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se subordinan a intereses políticos o económicos, la república pierde su esencia. El Ejecutivo, en muchos casos, actúa como si no tuviera límites, mientras que el Congreso se convierte en una herramienta de aprobación automática de decisiones, y el Poder Judicial en un campo de batalla para las presiones y los acomodos. Esta dinámica no solo vulnera la división de poderes, sino que también socava el principio básico de que nadie está por encima de la ley.
La búsqueda de una autocracia no siempre es explícita. Se manifiesta en medidas graduales: la manipulación de las mayorías legislativas, el avasallamiento de la prensa libre, el control sobre organismos independientes y el debilitamiento de las instituciones de control. Todo esto se disfraza, muchas veces, bajo el discurso de la “necesidad”, el “progreso” o la “voluntad popular”. Pero detrás de estas justificaciones se esconde una realidad preocupante: la erosión de la república y el ascenso de liderazgos que priorizan el poder por encima de la Constitución.
El impacto de este cáncer no es solo político; es cultural. Una ciudadanía que ve cómo se vulneran las instituciones pierde la fe en la democracia y en la posibilidad de un cambio legítimo. Este es el terreno fértil para el cinismo, la indiferencia y la desmovilización, factores que terminan fortaleciendo los proyectos autoritarios.
El respeto a la Constitución y a las instituciones no es negociable. Es la base sobre la que se construye una nación democrática, plural y justa. Recuperar este respeto exige un compromiso colectivo: de los líderes políticos, para actuar con responsabilidad y apego a la ley; de los ciudadanos, para exigir transparencia y rendición de cuentas; y de las instituciones, para defender su autonomía y sus principios.
Sin Constitución no hay república, y sin república no hay futuro. La Argentina necesita urgentemente poner freno a este cáncer y reafirmar su compromiso con los valores que nos unen como nación democrática. Solo así podremos construir un país donde la ley sea verdaderamente igual para todos y el poder no sea un privilegio, sino una responsabilidad.
Los cánceres que padece la Argentina: el 1° es la corrupción
Agencia MTR