Recientemente, en el centro de la ciudad de Nueve de Julio, un grupo de aproximadamente diez personas agredió a dos agentes de tránsito en la madrugada del sábado 16 de noviembre, mientras estos cumplían con su deber de hacer respetar las normativas de circulación. Este lamentable incidente, ocurrido en la intersección de la Avenida San Martín y la Avenida 25 de Mayo, pone en evidencia una preocupante tendencia de creciente violencia en las calles, así como la conducta de no respeto.
El hecho se desencadenó cuando los agentes intentaron retener una motocicleta que circulaba de manera irregular, con el objetivo de aplicar la sanción correspondiente por infracción a la ley de tránsito y a una ordenanza municipal vigente. Ante esta situación, el grupo agresor, al percatarse de que el vehículo iba a ser retirado por no cumplir con las normativas, reaccionó de manera violenta, empujando a los agentes de tránsito y derribándolos al suelo. Este acto de agresión permitió que el motociclista escapara sin que se pudiera retirar su vehículo.
Este tipo de comportamientos violentos no solo son inaceptables desde un punto de vista ético y moral, sino que también demuestran una profunda ignorancia sobre la importancia de las normas de tránsito. Las leyes viales no son un conjunto de reglas arbitrarias impuestas por las autoridades; Son, en realidad, herramientas esenciales para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las vías y para evitar accidentes que puedan resultar en tragedias. La Ley Nacional de Tránsito, vigente en todo el país, establece principios fundamentales como la prudencia, la responsabilidad y el respeto mutuo, los cuales deben ser comprendidos y aplicados por todos.
El incidente de Nueve de Julio también plantea una pregunta urgente: ¿qué tipo de sociedad estamos tolerando? ¿Qué grado de impunidad estamos permitiendo frente a aquellos que reaccionan violentamente ante la aplicación de las leyes? La impunidad con la que algunas personas actúan al desafiar las normas y atacar a las autoridades refleja una desconexión preocupante entre la sociedad y las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
Es importante entender que las normativas de tránsito no son una barrera para la libertad, sino un marco que asegura el ejercicio de esa libertad dentro de un contexto de seguridad.
Es necesario que comencemos a reflexionar sobre el modelo de educación que estamos ofreciendo a las nuevas generaciones. Esa educación también alcanza a la vial ya que debe formar parte de un proceso más amplio de educación cívica. Desde temprana edad, se vienen enseñando que las normas de tránsito son esenciales para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica en la vía pública. Se lo hace desde hace más de una década. Además, es fundamental seguir inculcando valores de respeto hacia los demás, promoviendo la responsabilidad y la solidaridad como premisa central de convivencia.
La violencia, en cualquiera de sus formas, nunca puede ser una respuesta aceptable a la aplicación de las leyes. Cuando un grupo de personas opta por la violencia en lugar de dialogar o buscar una solución pacífica, no solo ataca a los agentes de tránsito, sino que también pone en riesgo la seguridad de todos. Además, destruye el sentido de orden y respeto necesario para que todos podamos convivir en un entorno amigable.
Es urgente que, como sociedad, tomemos cartas en el asunto. Las autoridades seguirán con el rol asignado en las medidas de seguridad para proteger a los agentes de tránsito, pero también es necesario un esfuerzo conjunto de todos los ciudadanos para erradicar este tipo de violencia. Las campañas de concientización y educación vial consecuentes y en el tiempo deben además de efectivas, hacer pensar a todos los sectores de la población, a reaccionar en su cuidado y protección ante las nuevas realidades del tránsito, como el aumento de motocicletas, bicicletas, automóviles y el uso de nuevas tecnologías.
En definitiva, la violencia contra los agentes de tránsito es un reflejo de una sociedad que está perdiendo el respeto por las normas y por la autoridad. No podemos permitir que este tipo de actitudes prevalezcan. Todos debemos contribuir a su límite.
Lo sucedido también alcanza al Ministerio de Seguridad bonaerense. El constante reclamo de más agentes en el distrito, donde de 150 policías en siete años se redujo a 90 y la población a aumentado, debe hacer reflexionar que se deben disponer de manera urgente efectivos para seguridad de todos y evitar daños mayores y colaterales.
Que un grupo reducido no altere el orden ni la convivencia pacífica en nuestras calles. El respeto a las normas y a los demás es la base para construir una sociedad más segura, más justa y más respetuosa. Solo de esta manera podremos vivir en un entorno donde la convivencia sea posible, donde el respeto mutuo sea el principio rector y donde la ciudad siga siendo amigable.
Agencia MTR
No se puede enseñar a no gritar, gritando. Se requiere proporcionalidad en la ejecución de la ley y de las normas, para que el cumplimiento de la misma no genere violencia sino que indique con precisión cuál es el límite. Además, es dificil que los funcionarios públicos y policías que la llevan a cabo operativamente, puedan considerar el alcance de lo que ocurre si no se los entrena. Nuestro país está viviendo un proceso de disolución de los vínculos sociales superior a los de 1989 y 2001 juntos; es decir, estamos a pocos pasos de un proceso de anomia. Como no surgió por generación espontánea sino por destrucción de valor patrimonial de las empresas y por destrucción de los ingresos populares, estar en regla con las normativas municipales vigentes se hace cuesta arriba. Por eso el límite, no debería ser la imposición del uniforme o de la credencial, sino el criterio de la ley: cuando la cosa va bien, se incauta; cuando la cosa se tensa, se evalúan otras posibilidades de registro para, sin violar la Constitución ni los Tratados Internacionales, además de las normas municipales, conseguir que se cumpla. Pero, si se encontrara un solo funcionario municipal o a un solo policía de la comunidad en un delito ¿de qué valdría para el resto de la sociedad que se incaute una moto? Me parece que, dado el tiempo de tensión en el que estamos, debería priorizarse la razonabilidad de la aplicación de las leyes, sobre todo las municipales. Y dejar para más adelante, cuando el país esté industrializado y con salarios altos y jubilaciones también altas, las discusiones que intentan demostrar quién “la tiene más larg.”. Porque, además, si el proceso de anomia avanza, los 9julienses no solo tendrán que organizarse para defenderse de lo que ocurre dentro de la ciudad, tendrán que organizarse para los saqueos que pudieran provenir de las ciudades vecinas (y cada una de estas en el mismo proceso). Es decir, se está tratando una metástasis arrojándole bolitas de naftalina. Que el rigor de la ley no abandone el amor: entre vecinos y el amor a la Ley.