En una sesión especial, el Senado de la Provincia de Buenos Aires, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, aprobó importantes proyectos presentados por el gobernador Axel Kicillof.
Entre ellos, dió media sanción a la modificación al régimen jubilatorio del Banco Provincia, que restablece el 82% móvil para el cálculo de los haberes jubilatorios y el 75% para las pensiones de los trabajadores de la entidad financiera.
Además, se repuso la edad jubilatoria de 60 años para las mujeres, eliminando la normativa que igualaba la edad jubilatoria para ambos géneros en 65 años.
La reforma también contempla la reposición de derechos y busca mejorar la situación financiera del sistema jubilatorio, con el objetivo de reducir el déficit proyectado en comparación con la derogada ley N° 15.008, aprobada en 2017 durante la administración de la exgobernadora María Eugenia Vidal.
Entre las modificaciones, se destaca un aumento en el aporte de los afiliados activos, que pasarán del 14% al 16%, y un aumento en las contribuciones obligatorias del banco, que ascenderán al 21%. Además, se establece un nuevo régimen para ingresantes con 19 % de deportes personales.
El cambio legislativo llega después de que, el 14 de marzo de 2023, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires suspendiera la Ley N° 15.008, alegando que su aplicación podría generar “perjuicios de difícil reparación ulterior”. En este contexto, la Corte instó al sistema político a trabajar en un nuevo marco normativo que garantizara la sostenibilidad del sistema jubilatorio del Banco Provincia.
Promoción de inversiones estratégicas en la Provincia
Además de la modificación jubilatoria, el Senado también aprobó el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas, una iniciativa clave para fomentar la inversión en sectores estratégicos y promover el desarrollo económico de la provincia de Buenos Aires. Este proyecto, que también fue impulsado por el gobierno de Axel Kicillof, tiene como objetivos principales la creación de empleos de calidad, el fortalecimiento de proveedores locales, la transferencia de tecnología, el impulso de las exportaciones y la reducción.
La iniciativa apunta a la creación de empleos de calidad, el desarrollo de proveedores locales, la transferencia de tecnología, el impulso de las exportaciones y la reducción de desequilibrios territoriales.
Con este nuevo marco regulatorio, se priorizarán iniciativas que abarquen la generación de nuevos procesos productivos; la construcción de plantas o ampliaciones de instalaciones ya existentes dentro de los sectores vinculados a servicios, industria manufacturera, o de uso intensivo de recursos naturales; y proyectos considerados estratégicos.
De acuerdo al proyecto, las propuestas aprobadas serán beneficiadas con exenciones fiscales parciales sobre los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos. Los proyectos con inversiones desde US$5 millones hasta US$50 millones podrán acceder a un 30% durante cinco años; mientras que para aquellos que alcancen inversiones de entre US$50 millones y US$200 millones, el beneficio será del 25% durante cuatro años. En el caso de las inversiones superiores a los US$200 millones, la exención será del 20% durante tres años.
Asimismo, podrán obtener beneficios adicionales por sobre esas exenciones aquellos proyectos que incrementan el empleo, permitan la sustitución de importaciones; potencian la innovación tecnológica; o se localizan en zonas de bajos ingresos o parques industriales.