En una medida destinada a simplificar los trámites para la disolución del matrimonio, el gobierno nacional impulsa un nuevo procedimiento de divorcio rápido. Este innovador proyecto está diseñado para facilitar el proceso para aquellas parejas que no tienen hijos en común y que han acordado su separación de mutuo acuerdo.
La impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger para desburocratizar a los Tribunales.
El nuevo procedimiento permitirá a las parejas presentar su solicitud de divorcio directamente ante un funcionario público, específicamente el titular de Registro Civil, donde se contrajeron nupcias, eliminando así la necesidad de recurrir a abogados para este trámite. Esta medida busca reducir la burocracia y los costos asociados con el proceso de divorcio, permitiendo una resolución más ágil y menos onerosa.
Para que el procedimiento se lleve a cabo, ambas partes deben manifestar de manera clara su voluntad de divorciarse, y el acuerdo debe ser consensuado y sin objeciones. Una vez que se presenta la solicitud, el titular de Registro Civil revisará la documentación y procederá con resolución de la separación de los cónyuges en un corto período de tiempo.
Este programa es parte de un esfuerzo más amplio por modernizar y simplificar los procesos judiciales que promueve el gobierno nacional, brindando a los ciudadanos una solución más accesible y eficiente en casos de divorcio sin complicaciones adicionales.
Otras posible reformas
El Gobierno está impulsando una serie de reformas significativas que abarcan desde la simplificación de los trámites de sucesiones hasta la desregulación del transporte y cambios en la normativa laboral. Estas iniciativas están orientadas a agilizar procesos, mejorar la calidad educativa y fomentar un entorno laboral más flexible, aunque enfrentan un contexto político complejo tras el reciente veto a la ley de jubilaciones.
Simplificación de Sucesiones
Uno de los proyectos más recientes en la agenda gubernamental es la simplificación de los trámites de sucesiones. La propuesta de ley busca que las sucesiones patrimoniales se realicen con la intervención de un escribano, siempre y cuando las partes involucradas estén de acuerdo. El objetivo principal de esta reforma es acelerar el proceso, que actualmente puede tardar meses debido a los procedimientos judiciales. Aunque el costo del trámite podría no reducirse, se espera que la reducción en los tiempos de espera sea significativa, beneficiando a las familias y reduciendo la carga sobre el sistema judicial.
Reforma Educativa
La reforma educativa es otro pilar de la agenda del Gobierno. Carlos Torrendell, secretario de Educación, ha anunciado que esta reforma se centrará en la carrera y evaluación docente, con el objetivo de promover una mayor profesionalización en el sector. La propuesta incluye la evaluación de los docentes cada cuatro años y la posibilidad de que las universidades impongan aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. Torrendell ha destacado que la intención de la evaluación es mejorar la calidad educativa en lugar de sancionar a los docentes.
Desregulación del Transporte
En el ámbito del transporte, el Gobierno está trabajando en la desregulación de los sectores aéreo, marítimo y terrestre, con un enfoque particular en el transporte de cargas. El proyecto contempla la eliminación de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), una licencia que ha sido criticada por su carácter restrictivo. La eliminación de esta licencia está dirigida a facilitar el transporte de herramientas y otros bienes por parte de trabajadores autónomos, eliminando barreras que han sido consideradas innecesarias para ciertos usos.
Reforma Laboral
La reforma laboral es otro tema crucial en la agenda gubernamental. Julio Cordero, secretario de Trabajo, ha anunciado que se espera la publicación de la reglamentación de esta reforma en breve. Entre los principales cambios se encuentra la eliminación de incrementos y multas que han alimentado la litigiosidad laboral, así como la introducción de un régimen de desempleo negociable en los convenios colectivos. Este enfoque tiene como objetivo ofrecer alternativas más adaptadas a las necesidades de las partes, promoviendo un entorno laboral más flexible y menos conflictivo.
La capacidad del Gobierno para implementar estas reformas será puesta a prueba en los próximos meses, mientras navega en un entorno político complejo y enfrenta desafíos significativos tanto dentro como fuera del Congreso.
Agencia MTR