La reforma de la Constitución de la Nación Argentina en 1994 marcó un hito en la historia política y legal del país. Esta modificación profunda y abarcativa del texto constitucional no solo introdujo nuevas instituciones y derechos, sino que también abordó cuestiones de legitimidad que habían estado en debate desde la dictadura autodenominada Revolución Libertadora.
Después de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, surgió un consenso amplio entre los principales partidos políticos argentinos sobre la necesidad de una reforma constitucional.
La Constitución de 1957, que había sido aprobada durante una dictadura, era vista como insuficiente para reflejar las nuevas realidades políticas y sociales del país.
El presidente radical Raúl Alfonsín, durante su mandato, había impulsado la creación de un proyecto de reforma constitucional a través del Consejo para la Consolidación de la Democracia, que se publicó en 1986.
El gobierno de Carlos Menem, que asumió en 1989, retomó la idea de la reforma. En 1993, la Cámara de Senadores aprobó una ley que declaraba la necesidad de reforma constitucional, enfocándose en temas clave como el voto directo para el poder ejecutivo y los senadores, el mandato presidencial y el estatus de la Ciudad de Buenos Aires. Además, Francisco de Durañona y Vedia, de la UCeDe, presentó un proyecto para reglamentar el artículo 30 de la Constitución, aclarando los requisitos para la reforma.
En octubre de 1993, el presidente Menem sancionó el Decreto 2181/93 para convocar una consulta popular no vinculante sobre la reforma, que finalmente no se realizó, pero las encuestas mostraban un fuerte apoyo ciudadano.
El Pacto de Olivos y el Núcleo de Coincidencias Básicas
Para asegurar un consenso entre los principales partidos, Menem y Alfonsín negociaron el Pacto de Olivos en secreto. Firmado el 14 de noviembre de 1993, este acuerdo establecía un marco de “coincidencias básicas” que debía ser respetado durante la reforma. El Pacto de la Rosada, firmado el 13 de diciembre de 1993, concretó los términos del acuerdo, obligando a los miembros del Partido Justicialista y de la Unión Cívica Radical a apoyar la reforma en el Congreso y en la asamblea constituyente.
Principales Cambios Introducidos
La reforma de 1994 introdujo una serie de modificaciones significativas:
- Derechos Humanos: Se incorporaron los derechos de tercera y cuarta generación y se elevó a rango constitucional la protección de los derechos humanos mediante la incorporación de tratados internacionales.
- Estructura Política: Se modificó la composición del Senado, se estableció el balotaje para la elección presidencial y se creó la figura del jefe de Gabinete, quien asumiría la responsabilidad de coordinar el poder ejecutivo ante el Congreso.
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Se otorgó autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, dándole el estatus de capital federal con un gobierno propio. De ahí nació CABA.
- Pueblos Originarios: Se reconoció la preexistencia de los pueblos originarios y sus derechos.
- Edad de los Jueces: Se fijó una edad máxima de 75 años para los jueces de la Corte Suprema.
- Islas Malvinas: La reforma incluyó la declaración de la recuperación de las Islas Malvinas como un “objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.
- Órganos de Control: Se crearon nuevos órganos constitucionales como el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Nación para garantizar la transparencia y el control sobre el poder ejecutivo.
Convención Constituyente
La Convención Constituyente, que se celebró en Santa Fe y Paraná, concluyó el 24 de agosto de 1994 con el juramento de las autoridades nacionales y los convencionales. La reforma fue aprobada por una amplia mayoría, consolidando así la legitimidad del texto constitucional y modernizando las instituciones argentinas en consonancia con los cambios sociales y políticos del país.
La reforma constitucional de 1994 fue un proceso crucial en la historia reciente de Argentina, que no solo resolvió cuestiones de legitimidad, sino que también modernizó la estructura política y legal del país. A través del Pacto de Olivos y el consenso entre los principales partidos, la reforma logró una estabilidad institucional que ha perdurado hasta la fecha, reflejando un compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Recordamos al constitucionalista, Segundo V. Linares Quintana quien ya hace más de cinco décadas, citando a Joaquín V. González, José Nicolás Matienzo y Julio Oyhanarte, dijo: “La Constitución Argentina es una de las más sabias, humanas, prudentes y perfectas constituciones del mundo y, desde luego, la más generosa… Es que la más avanzada y progresista política del desarrollo, dentro del respeto de los derechos humanos y del principio de la soberanía popular, tiene amplia cabida dentro
de la elástica y previsora estructura de nuestra ley fundamental. Simplemente se requiere que esa política de desarrollo sea concebida, planeada y
ejecutada, a través de la actividad de los poderes constituidos y sin que sea
necesario poner en movimiento los mecanismos del poder constituyente”.
Se trata de fomentar su estricto cumplimiento, con inteligencia, humildad y sensibilidad social para instaurar la seguridad jurídica tantas veces vapuleada en el curso de nuestra historia constitucional.
Agencia MTR