La Cámara de Diputados se prepara para debatir un proyecto de ley impulsado por Alejandro Finocchiaro, exministro de Educación de CABA y actual legislador del PRO, que propone declarar a la Educación como “servicio estratégico esencial” lo que conllevará a regular las huelgas docentes y obligar a las escuelas a permanecer abiertas durante los días de paro. La iniciativa ha generado un amplio consenso entre varios sectores políticos, aunque enfrenta una férrea oposición de Unión por la Patria y la izquierda.
El proyecto tiene como objetivo clasificar a la educación como un “servicio estratégico esencial”. Finocchiaro argumenta que la medida busca limitar los “paros políticos”, particularmente aquellos convocados por Ctera, que considera más como manifestaciones políticas que sindicales. En este contexto, la propuesta busca garantizar la continuidad de las clases a pesar de las huelgas.
Según el texto de la iniciativa, durante los primeros dos días de huelga, al menos el 30% del personal de la escuela deberá continuar en sus funciones para asegurar el funcionamiento mínimo de las instituciones educativas. Si el paro se extiende más allá de dos días, este porcentaje aumentará al 50%. De esta manera, se permitirían las protestas, pero bajo condiciones que aseguren que el servicio educativo no se interrumpa completamente.
Para facilitar el cumplimiento de la ley, el proyecto estipula que al inicio de cada año escolar, los equipos de conducción de las escuelas deberán presentar a las autoridades una “nómina anual del personal docente y no docente afectado al cumplimiento” de esta medida. Este requisito tiene el propósito de permitir una planificación anticipada y evitar la suspensión total de las actividades educativas durante las huelgas.
El proyecto ha sido recibido con apoyo por parte de la UCR, la Coalición Cívica, La Libertad Avanza, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, quienes consideran que la medida es necesaria para asegurar la estabilidad en el sistema educativo. Sin embargo, la oposición de Unión por la Patria y la izquierda, junto con los gremios docentes, ha sido contundente. Estos sectores argumentan que la propuesta vulnera el derecho a huelga, una herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales y la mejora de las condiciones de trabajo.
El debate en la Cámara de Diputados promete ser intenso, con posturas polarizadas sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y la necesidad de mantener el funcionamiento continuo de las instituciones educativas. La discusión se centra no solo en la viabilidad de la medida, sino también en sus implicaciones para el sistema educativo y los derechos laborales en el país.
Agencia MTR