La reciente derogación de la ley nacional 27545, más conocida como “ley de góndolas”, por parte del presidente Javier Milei ha generado una fuerte reacción del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien anunció su intención de impulsar una normativa similar en su provincia.
Esto refleja una profunda diferencia ideológica sobre el papel que deben cumplir el Estado y el mercado en la economía y la sociedad. Mientras que Milei defiende un modelo de país basado en el liberalismo económico, que prioriza el mercado y la libertad individual, Kicillof propone un modelo de gobierno inspirado en el Estado social de derecho, que apuesta por el Estado y la solidaridad colectiva.
La ley de góndolas, sancionada en 2020 y modificada en 2021, tenía como objetivo principal proteger los derechos de los consumidores, brindándoles más opciones, información y calidad a la hora de comprar.
De esta manera, se buscaba evitar la imposición de precios abusivos, el engaño publicitario y la falta de transparencia por parte de los proveedores. Asimismo, pretendía promover el desarrollo de la producción nacional, regional y local, dando visibilidad y oportunidades a los pequeños y medianos productores, que muchas veces no pueden acceder a las góndolas por las barreras impuestas por las cadenas de distribución.
Con la ley de góndolas, se buscaba generar empleo, valor agregado y diversificación productiva en el territorio. Además, establecía un código de buenas prácticas comerciales y un sistema de sanciones por incumplimiento.
Sin embargo, con la llegada al poder de Javier Milei, un ferviente defensor del liberalismo económico, la ley fue eliminada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/24), argumentando que se trataba de una intervención estatal innecesaria y perjudicial para el mercado. Según el mandatario, la libre competencia y la oferta y demanda son los mejores mecanismos para determinar los precios y la calidad de los productos.
Ante esta situación, Kicillof se mostró crítico y preocupado por el impacto negativo de esta medida, lo cual lo llevó a reunirse con representantes de pymes y supermercadistas, donde planteó la posibilidad de crear una ley de góndolas bonaerense, que replicara los objetivos y principios de la norma nacional, pero adaptada a las características y necesidades de su provincia.
La propuesta de Kicillof refleja una expresión de la disputa entre dos modelos de país: uno que prioriza el mercado y la libertad individual, y otro que apuesta por el Estado y la solidaridad colectiva.
La derogación de la ley de góndolas por parte de Milei implicó un retroceso para los derechos de los consumidores y los productores locales, que quedan a merced de las decisiones de los grandes actores del mercado, que tienen el poder de fijar las condiciones de comercialización, imponer sus marcas y productos, y excluir a la competencia. Esto también implicó una renuncia del Estado a su rol de regulador y promotor de la economía, dejando de lado el interés público y social.
La propuesta de Kicillof es sin dudas una herramienta para proteger a los consumidores y a los productores locales, que se ven amenazados por el modelo económico de Milei, quien prioriza el mercado sin importar las consecuencias sociales y ambientales. Kicillof apuesta por el Estado y la justicia social, buscando el desarrollo económico con equidad e inclusión.
Agencia MTR