La Ley Ómnibus impulsada por el presidente Javier Milei ha generado una fuerte polémica en el ámbito político, social y económico dando origen a interrogantes sobre el futuro del país. Según el gobierno la norma busca reducir el gasto público, eliminar impuestos y flexibilizar el mercado laboral ¿ Pero esto es así? Lo que sí es cierto es que tiene un impacto significativo tanto en la sociedad como en la soberanía nacional.
Uno de los aspectos más controvertidos de la Ley Ómnibus es la derogación de la Ley 26.737, también conocida como Ley de Tierras. Esta normativa limitaba la posibilidad de vender a extranjeros tierras que tienen fuentes de agua importantes o que están en zonas de seguridad de fronteras. Con la derogación de esta ley, ya no habría límite y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores logrando que cualquier persona o empresa extranjera pueda adquirir tierras sin límite alguno, ni necesidad de autorización previa o de informar al Estado.
Parece ser que, al presidente, quien afirmó que “Margaret Thatcher fue una de las grandes líderes de la humanidad” y es su modelo a seguir, no le importa la posibilidad de que la venta irrestricta de tierras a extranjeros pueda poner en riesgo la soberanía nacional. A pesar de las críticas y preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad, Javier Milei parece estar decidido a seguir adelante con su agenda de “liberalización económica”, incluso si eso significa desmantelar las protecciones existentes sobre la propiedad de la tierra. Esta postura, aunque coherente con su admiración por Thatcher y su modelo de libre mercado, plantea serias preguntas sobre el futuro territorial de Argentina y el bienestar de sus ciudadanos.
La falta de transparencia, la posibilidad de influencias externas y la falta de participación ciudadana son aspectos que deben abordarse cuidadosamente para evitar comprometer el principio fundamental de autonomía que sustenta la identidad nacional. ¿Soberanía Nacional? AFUERA, parece ser el grito de alerta que resuena ante la incertidumbre que este proyecto legislativo introduce en el futuro de Argentina. Claro está, la intención de entregar el patrimonio nacional a intereses foráneos, que pondría en riesgo la seguridad alimentaria, el medio ambiente y la identidad cultural del país.
La propuesta, que prometía una serie de reformas económicas y fiscales, ha sido recibida con fuertes críticas y controversia. A pesar de ello, el presidente ha convocado a una sesión extraordinaria del Congreso para conseguir su aprobación, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo no tiene mayoría en el Senado y se prevé una dura batalla legislativa.
Esta iniciativa ha generado también una fuerte movilización social, con protestas y marchas en distintas ciudades del país. Organizaciones campesinas, indígenas, ambientalistas y sindicales han expresado su repudio a la norma y han exigido su rechazo. Asimismo, han denunciado que esta ley viola la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Este proyecto es, sin duda, uno de los temas más polémicos y controvertidos de la agenda política actual. Su aprobación o rechazo tendrá consecuencias significativas para el futuro del país, tanto en el plano económico como en el social y ambiental. Por ello, es necesario un debate amplio y participativo, que tenga en cuenta los intereses y las necesidades de todos los sectores de la sociedad.
*El autor es estudiante del cuarto año de la carrera de abogacía
Agencia MTR