El servicio público de gas por redes, con sus más de 9 millones de usuarios y usuarias, sufrió un durísimo golpe durante la gestión de Mauricio Macri. Entre 2016 y 2019, las tarifas no fueron justas ni razonables ni asequibles.
El incremento tarifario a nivel residencial, superior al 1.000%, más que triplicó el coeficiente de variación salarial. La cantidad de usuarias y usuarios morosos (endeudados con las distribuidoras) aumentó un 21%, dando como resultado 4 de cada 10 hogares endeudados por no poder afrontar el pago de la factura en diciembre de 2019.
La deuda total del sector residencial pasó de 708 millones de pesos en 2015 a 9.798 millones en 2019, un aumento del 1.283%. Con las PyMEs todavía peor: 5 de cada 10 terminaron endeudadas, con un salto del 4.000% en igual período para la deuda total de la pequeña y la mediana empresa argentina. Por su parte, los usuarios con cortes de servicio por imposibilidad de pago crecieron un 73%. ¿Cómo terminó esta historia?
Sumergidos en la pobreza energética 3 millones de nuevos hogares, con 1,4 millones directamente en la indigencia energética.
En paralelo a los siderales incrementos de una tarifa progresivamente impagable, injusta e irrazonable, en el marco de una crisis económica y social como no se recordaba desde 2001, el macrismo provocó la desprotección social más absoluta en materia tarifaria. En efecto, borró de un plumazo unos 800.000 beneficiarios de la tarifa social entre el pico alcanzado en enero de 2018 y diciembre de 2019.
Ahora bien, gracias a la Emergencia Energética y Tarifaria propuesta por el Presidente Alberto Fernández y aprobada por el Congreso de la Nación, en 2020 se desaceleró la caída de beneficiarios de la tarifa social, para lograrse en el acumulado a abril del corriente el primer aumento de beneficiarios desde 2018. En este sentido, y más allá de las mejoras sobre las que se trabaja para llegar más eficientemente con la tarifa social a muchos más compatriotas (segmentación y duplicación de beneficiarios, como se contempla en el presupuesto), el proyecto de ley de Zona Fría se erige, como bien expresó el Diputado Nacional Máximo Kirchner, en un “cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.
Sin embargo, quienes defienden el retorno a un “servicio público” en calidad de bien de lujo ya han comenzado a hablar pestes de este proyecto, intentando sembrar falsedades y confusión en torno a él. Para citar un ejemplo, en un reciente artículo periodístico se mencionó que la ampliación del beneficio por Zona Fría traería aparejado un costo fiscal adicional. Algunas precisiones que considero oportuno reiterar de lo que ya hemos explicado días pasados en relación a ello.
Sobre un supuesto costo de 200 millones de dólares y un supuesto “impacto fiscal”. Lo primero a recalcar es que no hay impacto fiscal en tanto no se necesitan transferencias directas del Tesoro para solventar el funcionamiento del régimen de zona fría. Efectivamente, este régimen no configura un gasto adicional no contemplado en el presupuesto. Los 200 millones de dólares, por tanto, no son un “costo fiscal”, sino en todo caso lo que recauda el Fondo Fiduciario que da vida a este régimen. ¿Y cómo se solventa este Fondo si no es con transferencias del Tesoro? Mediante un recargo sobre el precio de venta del gas en boca de pozo y que hoy por hoy es de 4,46%. En pocas palabras, el régimen de zona fría se autofinancia. A propósito, con este recargo -y que se aplica a la totalidad de los usuarios (residenciales, PyMEs, centrales eléctricas y grandes usuarios industriales y comerciales), hoy se beneficia a 780.000 usuarias y usuarios. Pues bien, el proyecto de ley original contempla un incremento del recargo tal que permite recaudar el monto necesario para extender el beneficio a unos 3 millones de nuevos usuarios y usuarias del servicio público.
Sobre lo recaudado por el Fondo Fiduciario en 2020. Se deslizó que fueron 10.000 millones de pesos. Esa cifra es incorrecta, ya que ese monto se corresponde con la ejecución de ingresos del fondo al tercer trimestre del año pasado, según la propia Oficina Nacional de Presupuesto. En cualquier caso, las estimaciones realizadas para 2021 y contemplando la cobertura de los 3,8 millones de beneficiarios, indicarían una necesidad de fondos del orden de los 26.000 millones de pesos. Este requerimiento, solventado con el nuevo recargo conforme se explicó más arriba, se calculó a partir de los nuevos cuadros tarifarios que surgen de los acuerdos transitorios, las regiones y usuarios alcanzados por el beneficio y el requerimiento que remite la Secretaria de Energía para atender el GLP fraccionado.
Otro error habitual es creer que el recargo se aplica sobre la factura. Obviamente, un porcentaje de recargo sobre la factura tiene mayor peso que sobre un componente de la factura, como es el caso que nos ocupa y que fuera explicado precedentemente. Sobre la factura (o sea, sobre todos los componentes tarifarios de la factura) lo que sí se aplica es el descuento, lo que desemboca en el beneficio. ¿Qué beneficio? De los 3 millones de usuarias y usuarios que considera este proyecto, cerca de 2,6 millones percibirán un 30% de descuento para todas las facturas del año, mientras que unos 400.000 que actualmente tienen tarifa social serán además acreedores de un 50% de descuento en la factura. El eje siempre se coloca en los más vulnerables.
Asimismo, se ha comentado que se necesitaría un mayor aumento en el recargo como consecuencia del ritmo de inflación vigente y su posible impacto sobre el tipo de cambio, todo lo cual afectaría el precio del gas en PIST y alimentaría la necesidad de mayores subsidios sobre el sector cuando lo que pretende el Ejecutivo es reducirlos. En primer término, y en las condiciones actuales, las modificaciones del tipo de cambio conducirían a una mayor recaudación por parte del Fondo con respecto a lo calculado. En segundo término, cabe recordar que los servicios de transporte y distribución no reciben ningún subsidio de parte del Estado Nacional, quien solo subsidia el componente gas. Como ya fuera mencionado, el esquema del Fondo Fiduciario para los consumos residenciales se autofinancia. Si llegara a precisar de mayores recursos, lo que debe hacerse es modificar (aumentar) el recargo, en el marco de lo establecido por la normativa. Por otra parte, no existe contradicción entre esta iniciativa y una reducción de subsidios, ya que al reducirlos el precio del gas subiría, lo que, manteniéndose fijos los restantes componentes, conduciría a un aumento de la recaudación del Fondo.
Sobre cuál será el aumento del recargo y cuántos pesos de más significará en las facturas. Diversas notas periodísticas, muchas de ellas citando opiniones de especialistas anónimos y gente de la industria igualmente anónima, pretenden instalar la idea de la necesidad de aumentar dramáticamente el recargo con el consiguiente impacto en las facturas (supuestamente necesarios para sostener la ampliación). Vamos a aclarar lo siguiente: el proyecto de ley de zona fría es eso, un proyecto. Y como tal está siendo debatido en el Congreso. Es decir, puede recibir modificaciones como, de hecho, ya ha recibido. Entonces, cuando mencioné el aumento del recargo de 1 punto porcentual (4,46% a 5,37% para ser más preciso), así como el impacto de entre 4 a 5 pesos de aumento en una factura de un residencial de zona templada, ambas cuestiones guardaban relación con los datos de localidades y otros supuestos del proyecto original, el que ingresó a Diputados la semana pasada. En consecuencia, lo que suceda con el recargo final, como con los montos en pesos en factura dependerán de las modificaciones que el proyecto pudiera recibir durante las próximas semanas. No obstante, y esto es clave, lo que sí podemos confirmar y ratificar es que el impacto en las facturas debería ser en cualquier caso marginal, sobre todo en los casi 4 millones de usuarios y usuarias beneficiadas que percibirán descuentos del 30% al 50%.
Finalmente, aclarar que es equivocado afirmar que alrededor de un 25% de los usuarios incorporados al beneficio percibirán una bonificación del 50% por ser receptores de la tarifa social. Los requisitos que establece el proyecto para acceder al beneficio del descuento del 50% en las nuevas zonas son diferentes a los requisitos para acceder a la tarifa social. En otras palabras, el esquema de tarifa social no se redefine en virtud de los requisitos establecidos en este beneficio.
El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, que la República Argentina tenga tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; que tenga tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva, segmentadas además para hacer un uso más eficiente de los subsidios. En su discurso del 1 de marzo señaló: “La pesadilla de tener que decidir entre alimentarse y pagar los servicios, la incertidumbre permanente de no saber cuánto iba a venir de luz y gas ha llegado a su fin”. Con este mandato venimos trabajando desde un comienzo y ya no hay vuelta atrás. Sin lugar a dudas, y entre muchas otras iniciativas en marcha, el proyecto de ley de Zona Fría se inscribe en este camino.
Agencia MTR