La pandemia dejará consecuencias devastadoras en múltiples ámbitos, y la educación no será la excepción. La suspensión de clases presenciales en los diferentes niveles educativos que ya lleva más de seis meses, acarreará efectos nocivos que demandarán esfuerzos superadores y el compromiso de los poderes Ejecutivo, Legislativo y la comunidad educativa para revertirlos.
La virtualidad a través de distintas plataformas tuvo el propósito de darle continuidad a un ciclo lectivo que recién se iniciaba en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, con el devenir del tiempo, se han acrecentado dificultades vinculadas a la adaptación al nuevo sistema, los mecanismos de socialización y los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje, que impactan en la acreditación de saberes por parte de los alumnos.
Actualmente, en los centros urbanos se hace manifiesto la disparidad en torno al acceso a internet, con reiterados casos de familias que no cuentan con dispositivos; y quienes sí disponen de ellos, en muchas ocasiones se trata de un único dispositivo para varias personas, sumándose a esto el obstáculo de la conectividad.
Esta situación se complejiza aún más en las escuelas rurales y de las pequeñas localidades, que resultan las más perjudicadas por una brecha digital que tiende a extenderse, caracterizada por la asimetría entre estudiantes conectados y no conectados, siendo estos últimos condenados a una situación de vulnerabilidad y marginalidad, despojados del derecho a la educación.
En un contexto inédito las proyecciones son alarmantes. UNICEF vaticinó una pobreza infantil por encima del 62% a fin de 2020 en Argentina, afectando a más de 8 millones de niños. Por su parte, la ONU pidió a todos los países que reabran sus escuelas en cuanto tengan controlada la transmisión local del coronavirus, al advertir el riesgo de una “catástrofe generacional” en materia educativa.
La Fundación Voz, cuya misión es trabajar por la transformación de las escuelas secundarias en el país, presagió en base a un relevamiento sobre distintos actores educativos que el abandono escolar oscilaría entre el 25 y el 45%.
Ante este escenario desolador, tenemos la obligación de dar una conversación pública sobre el retorno paulatino a clases presenciales en la provincia de Buenos Aires.
En el mes de agosto planteé la necesidad de abordar la situación de las pequeñas localidades, marcando prioritario el retorno a las aulas en escuelas rurales de municipios en Fase 5 del aislamiento, donde no existe circulación comunitaria del virus, conforme al protocolo aprobado por el Consejo Federal de Educación.
Hoy, la situación comprende a todos nuestros alumnos del vasto territorio bonaerense, cuyo vínculo con la escuela se ha deteriorado abruptamente. El retroceso de los chicos en materia de aprendizaje es evidente, y el Gobierno provincial tiene la obligación de dar respuesta. Ninguna solución positiva puede surgir si la única estrategia es omitir la problemática.
Mientras el sentido de la educación y la discusión sobre el retorno a clases ocupan un lugar preponderante en la agenda de distintas provincias, el Gobierno bonaerense en estos meses no ha mostrado voluntad de abordar el tema.
En palabras de la profesora y doctora en Educación, Carina Kaplan, “la pandemia visibilizó las desigualdades sociales y educativas. Demostró que puede permanecer invisibilizado aquello que es evidente”.
Son nuestros alumnos de los diferentes niveles educativos los que, lamentablemente, hoy se encuentran invisibilizados, sometidos a un contexto incierto y profundamente decepcionante.
La nueva normalidad nos insta a dar un debate sensato si queremos evitar que se hipoteque el futuro de nuestra provincia. Una discusión que involucra a todos los actores antes de que sea tarde.
*Diputada de la provincia de Buenos Aires (Juntos por el Cambio). Profesora de Geografía. Magíster en Políticas Públicas.
Agencia MTR