
En el mismo se busca dar respuestas urgentes al reclamo de las Personas con Discapacidad (PCD).
La situación que vive nuestro país a partir de propagación (COVID-19)y que sufre la sociedad, afecta en simultáneo aspectos sanitarios económicos y sociales.
Se hace evidente que las Personas Con Discapacidad se encuentran en condiciones de máxima vulnerabilidad. Asegurar el derecho a la salud y garantizar una vida autónoma e independiente a las PCD son obligaciones ineludibles para el Estado tal como lo señalan nuestras leyes y la propia Constitución Nacional.
La situación actual agrava la posibilidad de conseguir empleos, sin trabajo no hay Obra Social perdiendo así acceso a la salud, a las ayudas y apoyos necesarios.
Las pensiones no contributivas sólo alcanzan a una minoría de las Personas con Discapacidad -PCD-. Y aquellas que han accedido a una Pensión No Contributiva a nivel Nacional reciben $ 12.000 mensuales, mientras que quienes perciben una pensión otorgada en la Provincia de Buenos Aires las mismas son de entre $ 850 a $ 1200 mensuales. Las cifras son por demás elocuentes para verificar el nivel de desprotección al que se está sometiendo a un sector tan vulnerable de nuestra sociedad.
Por esto, desde el colectivo de las Personas Con Discapacidad y distintas asociaciones se ha solicitado al Gobierno Nacional que arbitre los mecanismos necesarios para proveer el acceso al INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) y/o a la tarjeta ALIMENTAR a todas las Personas con Discapacidad que lo soliciten.