La última muerte de Fidel Castro –en la cama, de viejo, luego de años de lucha guerrillera y décadas de blanco de atentados– desencadenó una retahíla de comentarios.
He escuchado de todo. Desde letanías fuera de tiempo hasta apotegmas convencidos que el drama latinoamericano nace de no haber seguido a Hayek, von Mises, Milton Friedman u otros teóricos ultraliberales cuyos principios, en rigor, se aplicaron en varios países con resultados devastadores para las clases subalternas. Incluso algunos susurran, todavía en voz baja, resonancias contra “el terrorismo apátrida”, “la subversión marxista” y otras expresiones fosilizadas de las estériles dictaduras del pasado.
El ejemplo de Lagos
La generación que construyó la democracia sudamericana se está extinguiendo. Ya no está su abanderado, Raúl Alfonsín. Pero quedan un par de figuras –llenas de gloria– que siguen exhibiendo una capacidad de pensamiento superior, una formación admirable y un coraje envidiable para desafiar lugares comunes y vulgaridad.
Ricardo Lagos es uno de esos actores-pensadores. Su epitafio sobre Fidel Castro exhibe la grandeza y la autocrítica, la visión penetrante de un hombre de Estado que mira la larga duración y no se queda en la minucia. Lagos intenta el mejor recuerdo, el más razonable que es posible esperar de un hombre comprometido con el cambio social y la democracia política. “En medio del avance social de Cuba, los sueños de la revolución se fueron esfumando en tanto las libertades de los ciudadanos se erosionaban. Pero a la vez, para garantizar la independencia frente a Estados Unidos, se embarcó en la Guerra Fría al lado de Moscú. Y así fue sorteando tiempos y obstáculos. Al morir deja una herencia trascedente: una Cuba autónoma y más segura de su destino. Que Cuba haga su tarea principal: transformar su capacidad de gestión y abrirse a hacer las reformas urgentes que todo el sistema heredado de la Revolución necesita. Y de ellas, la principal de todas, confiar en sus ciudadanos”.
Aunque excluida de la OEA hace más de medio siglo, esta Cuba maneja unos ocho votos: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y países caribeños tanto hispanoparlantes como anglófonos. Otra prueba de realismo mágico: Cuba tiene más poder desde fuera del que nunca tuvo dentro de la OEA.
¿Gracias a la OEA?
La OEA que expulsó a los cubanos luego de derrocar a un dictador y conservó a Pinochet luego de echar a un demócrata, no exhibe una historia modelo. Recién comenzó a dar señales de respeto por los derechos humanos violados por dictaduras militares a fines de los años setenta.
No fue casual: el presidente James Carter –a quien la Argentina debe homenaje perpetuo– rompió la manía norteamericana de apoyar tiranías anti-comunistas y enderezó una política de derechos humanos que terminaría facilitando la salida democrática –imparable y contagiosa– del continente.
Aún hoy se recuerda con respeto la visita a Buenos Aires de la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) que permitió a miles de familiares de desaparecidos denunciar sus casos.
En esos días la valentía no sobraba. Apenas un puñado de políticos se animó a respaldar la investigación, denunciada por la dictadura como intromisión en asuntos internos: los argentinos somos derechos y humanos. Entre aquellos pocos firmantes sobresalían los peronistas Deolindo Bittel y Herminio Iglesias (sí, el mismo Herminio que luego quemaría el cajón) y el radical Raúl Alfonsín, militante desde 1975 en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
La Argentina moral
Esa Argentina que inventó la dramática palabra desaparecido también descubrió el Nunca Más. Paradigma de represión ilegal y a la vez de moralidad y reparación, el juicio a las Juntas militares convirtió a la Argentina en un paladín de los derechos humanos. Ni los indultos ni la utilización facciosa posterior torcieron ese reconocimiento.
De repente, la Argentina acaba de ser llevada al banquillo de los acusados. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, la CIDH y el secretario general de la OEA denuncian por arbitraria la detención de Milagro Sala.
¿Dónde nace? Los órganos creados para monitorear la protección de los ciudadanos de la discrecionalidad estatal repudian la prisión preventiva, la consideran una suerte de pena anticipada. Gana el mundo jurídico la idea que los sospechosos transiten su proceso penal en libertad. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU fija postura. “En la resolución 1997/50 se estima que no es arbitraria la privación de libertad cuando emana de una decisión definitiva adoptada por un órgano judicial nacional que se ajuste a a) la legislación nacional y b) las normas internacionales pertinentes enumeradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos”. Es decir, sólo una sentencia definitiva –se supone que el tribunal de alzada– sería adecuada para encarcelar al acusado.
Por tanto, será considerada arbitraria virtualmente toda detención hasta que haya sentencia definitiva. Lo cual no significa que no sea justa. Naciones Unidas lo explica de modo prístino: “El Grupo recibe con frecuencia comunicaciones en que se le pide que declare que una privación de libertad es ‘injusta’, o que exprese una opinión acerca del valor de las pruebas presentadas durante un juicio. Se trata de esferas ajenas a la competencia del Grupo” (http://www.ohchr.org/Document
¿La ONU y la OEA en contra?
Sobre llovido, mojado. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urge al Estado de Argentina a dar pronta respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria que califica la detención preventiva de Milagro Sala como arbitraria llamando a su liberación inmediata”. Retira que “El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, en su opinión 31/2016 publicada el 21 de octubre anterior, determinó que la detención preventiva de Milagro Sala desde el 16 de enero fue arbitraria”.
Insisten: “Milagro Sala es una conocida líder de la sociedad civil en la provincia de Jujuy quien fue detenida en el contexto de una protesta social. La Comisión y su Relatoría Especial han reiterado que la protesta es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión que debe ser facilitado y no sujeto a criminalización u otras formas de represión. Si bien una orden judicial dispuso la libertad de Milagro Sala, ella no salió en libertad pues se le imputaron otros cargos mediante decisiones judiciales”.
Un dato curioso
“Resulta sorprendente para este Grupo de Trabajo que diversas personas en 2016 han presentado denuncias penales que el Estado argentino supuestamente tenía conocimiento desde 2010”. Agrega que “no recibió información relevante por el gobierno de la República Argentina sobre las acciones legales adoptadas entre 2010 y diciembre de 2015, período sobre el que tuvo conocimiento sobre presuntos hechos delictivos de la señora Sala”.
Lo sorprendente es la ignorancia del Grupo de Trabajo, que imagina un Estado de derecho con continuidad jurídica e imparcialidad. Difícil imaginar a Aníbal Fernández alarmado por las correrías tupaqueras o dispuesto a enjuiciarla. Cualquier argentino sabe que tal violencia era impulsada, financiada y aplaudida por la administración kirchnerista.
Tanto lo sabe, que en la última encuesta de Julio Aurelio –4.516 casos en todo el país– más del 66% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que Milagro Sala continúe detenida contra menos del 27% en desacuerdo o muy en desacuerdo. El resultado es interesante porque Sala logró una década de sostén político, institucional y mediático, aunque su imagen negativa siempre haya sido muy alta. Las razones no son, obviamente, rechazo a su defensa de los pobres, sino a los métodos patoteriles y el sistema de miedo sobre el que había montado su poder social y económico. Han impactado especialmente la imagen filmada por las cámaras de seguridad del banco en la cual tupaqueros parecen retirar grandes sumas (se habla de 29 millones) en las últimas 72 horas de gobierno K.
Parece claro –aunque aquí sí la última palabra deberá darla la justicia– que su gestión no fue prolija. Al parecer los fondos nacionales que –luego de pasar por municipios y cooperativas– aterrizaron en la TUPAC no fueron utilizados correctamente. El Estado jujeño –a través de la Oficina Anticorrupción– calcula quinientas viviendas pagadas totalmente pero nunca terminadas y otras 1.800 que recibieron fondos sin que comenzaran siquiera las obras.
Los objetores de la ONU y la OEA omiten considerar que al menos dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fueron violados ostensiblemente por Sala. Aquel que marca “La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual” (artículo 21, inciso 3). Y el artículo 20: “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. También el artículo 12: “Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros”.
Parece probado que Sala no respeta la voluntad popular, su mensaje promueve el desconocimiento del derecho a gobernar de los triunfadores de 2015 y su desestabilización. Su prédica y sus prácticas son notoriamente violentas, abundan los ejemplos de intentar atacar derechos y libertades de terceros, así como el orden público. Sorprende que los críticos insistan que Sala protagoniza una “protesta social pacífica”.
A. d. C.
El 28 de noviembre, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reclamó la liberación de Sala.
La Cancillería argentina vincula la intromisión de Almagro a un cálculo electoral. Podría estar utilizando su cargo en la OEA para posicionarse como candidato en el Uruguay, con apoyo de la fracción que dirige Pepe Mujica. Como Pepe lo retó por sus críticas al régimen de Maduro, Almagro podría interpretar que un ataque a Macri equipara los pesos y lo pone en el ilustre sitio de quien hace el bien sin mirar a quien.
Algunos imaginan la movida de Almagro y de la Comisión Interamericana como un mix de los países del ALBA más un sector del PT y del Frente uruguayo. Según esa idea –que varios sostienen en el gobierno argentino– hay un intento postrero de las damas caídas en desgracia (Dilma y Cristina) de unir fuerzas y pedir apoyo a los muchachos del ALBA para impedir que la justicia se lleve puesto lo que les queda de popularidad. Una acción A. d. C. (antes de Cristina). ¿Antes de Cristina qué? Antes de Cristina presa, coronan.
Si esto fuera cierto, dos de los países más importantes de la OEA –Brasil y la Argentina– serían por primera vez en la historia impotentes para frenar el castigo. Sin antecedentes, sobre todo cuando Estados Unidos tampoco empuja en esa dirección.
La Argentina, admitámoslo, ha dejado hace bastante de ser un actor importante en los asuntos mundiales. Nunca lo fue decididamente. Pero aún hoy conserva un cierto timbre. No ya en el mundo, pero sin duda en la región. Es lo que motivó el duro llamado de la canciller Susana Malcorra al secretario general de la OEA. Éste quedó mudo, dicen.
El gobierno debería ir mucho más lejos. Una acción tan lejana a los usos diplomáticos –que exigen llamados previos, anunciando críticas o condenas– ameritaría que Buenos Aires promoviera un cambio en la conducción del organismo regional.
Pero el gobierno difícilmente tome ese camino. Suma a su relativo amateurismo en el área jurídica un cierto complejo de niños ricos que prefieren evitar el conflicto a enarbolar banderas. Acaso porque Durán Barba insiste una y otra vez que no hay bandera a enarbolar ni principios que defender ni valores que promover: apenas campañas de comunicación para hacer lo que la gente quiere. Con tal falta de convicción, difícil cabalgar hacia el combate.
El PRO y los DDHH
Cuando Mauricio Macri ganó por vez primera la ciudad de Buenos Aires, había que decidir qué hacer en los organismos vinculados con los derechos humanos. Los miembros de las organizaciones y defensores de derechos humanos no tenían vínculos con el macrismo, ni el macrismo con ellos. Finalmente, gestiones de terceros generaron un contacto. El macrismo –contrariamente a lo que suponía la izquierda– no barrió lo hecho desde antes. Tampoco se interesó demasiado y no fue difícil que ciertos organismos descentralizados siguieran con sus autoridades vinculadas a familiares y amigos de desaparecidos. El PRO no tenía expertos en el tema. Se entiende: el área no garantizaba espacios de poder ni servía para el cursus honorum interno. El escalafón macrista recluta en otros ámbitos. Finalmente, recaló un ex DAIA, Claudio Avruj. Subsecretario de DDHH en la ciudad, pasó a ocupar la Secretaría de DDHH de Nación bajo la jurisdicción de Germán Garavano, Ministro de Justicia.
Avruj no parece haber encaminado la crisis por Milagro Sala. Por eso está viajando el embajador a cargo del tema derechos humanos de la cancillería, Leandro Despouy. Hombre con largo prestigio en la defensa de los derechos humanos y militante contra la violación normativa de los Estados (fue notable su documento sobre el horror de los presos de Guantánamo).
Desde febrero, el PEN hizo llegar a Jujuy su preferencia por la prisión domiciliaria o, incluso, la liberación de Sala. En Jujuy opinan distinto. Están convencidos que Sala en libertad hubiera puesto en riesgo la continuidad del gobierno provincial y la integridad de aquellos tupaquistas que rompieron con su jefa y la denunciaron.
Si Milagros saliera…
¿Qué ocurriría si Milagros Sala saliera en libertad? La primera consecuencia, local, sería un altísimo riesgo de violencia en la provincia de Jujuy –y otros lugares donde la Tupac existe– entre los tupaqueros residuales y los que denunciaron los aprietes de la jefa.
En segundo lugar, los jueces federales advertirían que el gobierno no está decidido a sostener la condena y el encarcelamiento de quienes hayan cometido delitos durante el régimen cristinista. De tal modo, otra consecuencia será que los expedientes comenzarán a deshacerse en el aire, quedarán pisados un tiempo, con alguna actividad mínima para ahuyentar sospechas y, si acaso, a la espera de un cambio de los vientos. Pero lo más probable es que, salvo un puñado de culpables insalvables (como el área de Transporte por el atroz crimen de Once o los casos de Boudou), los jueces pensarán que no vale la pena jugarse por un gobierno que no sabe defenderse a sí mismo. Total, los gobiernos pasan, los magistrados quedan.
Tal vez todo termine en la Corte Suprema. Será una prueba para ver cómo perfecciona Lorenzetti su elección entre dos caminos que viene sobrevolando: la admisión de los derechos –limitados, pero incuestionables– del Poder Ejecutivo y la tentación de avanzar hacia un gobierno de los jueces.
Agencia MTR