Mientras el ente recaudador de la provincia bonaerense continúa firmando convenios con Municipios para fomentar el pago de tributos, presentó el mapa virtual a través de la web y desde allí poder observar las características de las 6,5 millones de partidas inmobiliarias que existen en el territorio.
Arba suscribe convenios para compartir esta herramienta tecnológica con municipios y organismos nacionales que la utilizan para llevar adelante diversas acciones de política pública.
Luego de un trabajo de años que permitió reunir y digitalizar datos provenientes de planos catastrales, tanto rurales como urbanos, trazados de geodesia y reconstrucciones territoriales realizadas a partir de fotos aéreas y otro tipo de informaciones, la Provincia elaboró y pulió un sistema cartográfico informatizado.
Hoy día, gracias a la tecnología de Arba, que permitió incorporar una sofisticada red de información espacial, imágenes satelitales y nuevos procesos informáticos, el catastro territorial adoptó la forma de un verdadero mapa digital que reúne datos detallados de las 6,5 millones de partidas inmobiliarias que existen en los 307.000 kilómetros cuadrados de superficie del territorio bonaerense.
Como explica Martín Di Bella, el economista que conduce la Agencia de Recaudación, “esta tecnología nos permite actualizar la información catastral en forma permanente y esa característica convierte al mapa digital en una poderosa herramienta para detectar evasión y combatir el incumplimiento”.
Di Bella puntualiza que, “dado que nuestra cartografía digital admite la carga de múltiples capas de información, esa característica la vuelve útil no sólo para la administración tributaria, sino también para otras esferas de la gestión pública y la prestación de servicios. Por eso estamos compartiendo esta herramienta con municipios y otros organismos del Estado, de forma de colaborar con nuevas políticas que ayuden a mejorar la vida de los vecinos de la Provincia”.
El director de la Agencia de Recaudación destaca “la gestión de puertas abiertas que lleva adelante Arba y la política de colaboración e intercambio de información entre los distintos estamentos del Estado”. En cuanto al importante papel de la innovación en el sector público, subraya “el rol preponderante que ocupa el desarrollo tecnológico dentro de la administración provincial y la constante capacitación de sus recursos humanos. La modernización es una de las premisas del gobierno de Daniel Scioli”, afirma.
Arba y otros organismos autorizados ingresan al mapa digital por internet y, desde allí, a través de una interfaz simple e intuitiva pueden relevar los datos inmobiliarios de cualquier propiedad urbana o rural, buscando por ciudad, nombres de calles, coordenadas, números de partida, etc. Una vez situados en el inmueble o terreno en cuestión, se accede con sólo un clic a diversas reseñas catastrales: superficie, tipo de construcción, valuación fiscal, entre otras especificidades.
Al mismo tiempo, con la utilización de otras herramientas que pueden usarse en conjunto con la cartografía digital, como la información satelital provista por Google o la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), se consiguen visualizar en detalle las imágenes de una manzana, barrio, country, etc., o cualquier sitio de interés que se escoja en el mapa.
La cartografía digital de Arba es dinámica, se consulta a través de la web y posibilita que sea actualizada de manera constante. Esa particularidad le otorga mayor fidelidad a los datos y si bien la Agencia puede utilizar el mapa digital para detectar construcciones y piletas no declaradas, controlar ciertas actividades económicas, elaborar estadísticas, conocer la riqueza territorial y su distribución, proyectar fiscalizaciones y planificar diversas acciones de gestión, los municipios y otros organismos públicos también tienen la posibilidad de acceder a esta tecnología para diseñar políticas públicas específicas.
Con ese objetivo, Arba firmó en los últimos meses convenios para compartir su catastro territorial con el municipio de General Pueyrredón, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y la Cámara Nacional Electoral, entre otros organismos.